Los campesinos de Boyacá quieren conservar las fuentes de agua que la explotación de minerales les ha arrebatado por más de 50 años. Acerías Paz del Río asegura haber cumplido con los requerimientos ambientales.
Los campesinos de Tasco, en Boyacá, completaron nueve meses de campamento en el complejo natural de Pisba para impedir la explotación de hierro en su territorio. El lugar exacto del plantón es la mina de El Banco, ubicada en la vereda El Pedregal. Allí, desde junio del año pasado, se alza una carpa que tiene vigilantes las 24 horas del día, en turnos que se rotan entre los campesinos de la comunidad. “porque la vereda tiene que sobrevivir, trabajar y no trasnochar tanto”, cuenta Sixto Amaya, uno de los campesinos líderes de la protesta.
La historia de la mina se remonta a los años 60, cuando Acerías Paz del Río llegó en busca de hierro y carbón. Desde 2002 la empresa culminó su explotación antes de que la brasileña Votorantim adquiriera la mayoría accionaria de la compañía. Después de 10 años, en diciembre de 2013, iniciaron un nuevo proceso para reabrir la mina El Banco. Pero, según Sixto Amaya, líder de la protesta, “después de ver los daños la vereda le dijo no más a la pérdida de aguas. Estamos cuidando los poquitos nacimientos que nos quedan”. Según este campesino, la minería les ha arrebatado más de 30 fuentes de agua en la región y aún les quedan 25 vivas, que son las que intentan preservar.
No obstante, según le dijo el vocero de la minera Paz del Río a El Espectador, “en el caso de la mina El Banco se ha evidenciado, desde un punto de vista estrictamente técnico, que no existen nacimientos de agua y los 30 a los que hacen alusión no tienen origen en aguas subterráneas, son espacios cuya recarga depende exclusivamente de aguas lluvias”.
Pero de acuerdo con el documento elaborado por la investigadora Esthefanny Yague, del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA), el caso de la minería en Pisba ha dejado otros costos ambientales, como las grandes cantidades de hectáreas deforestadas, la disminución del rendimiento agrícola y pecuario, la destrucción de la fauna y flora, y el cambio en el curso de las aguas lluvias. Yague asegura que el ecosistema de páramo está siendo afectado y la intervención minera ha provocado agua ácida por la colación de metales pesados. Éstas aguas son el suministro diario de los pobladores de Yopal y Tasco.
La lista de problemas no es sólo ambiental. Como explicó Andreiv Pinzón, integrante de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), que apoya la protesta, cuando Paz del Río comenzó su operación desestabilizó sus suelos, hubo campesinos damnificados a los que se les vinieron abajo sus casas, grietas en las carreteras y contaminación por el polvo. “Se afectó toda la economía campesina porque ellos históricamente han convivido con el páramo, el agua y el ecosistema”, aseguró.
Justamente para los campesinos el agua es el problema más agudo, el que los pone en mayores aprietos. La minería tiene también amenazada a la laguna de Oro, una recarga hídrica de la región donde se hace minería de carbón. Por esto se han visto afectados varios acueductos comunitarios. “Entonces se cuestiona que el Estado privilegie la minería como interés nacional y no el agua como derecho humano”, comentó Andreiv Pinzón.
En ese desajuste de derechos coincide Lorenzo Suárez, presidente de la Asociación de Integración Campesina. Como explica, en Boyacá existe la laguna de Tota, un mar de agua dulce a 3.500 metros sobre el nivel del mar que provisiona a más de 6 municipios, incluidos la ciudad de Sogamoso. Esta ciudad, de 150 mil habitantes, consume 8 pulgadas de agua, mientras Acerías Paz del Río se gasta 30 pulgadas, es decir, lo que consumirían cuatro ciudades. Lo peor de todo, dice, es que contamina las aguas que desembocan en el río Chicamocha, el principal río de Boyacá y el segundo más contaminado del país después del Bogotá, porque tiene más de 28 vertimientos de agua altamente tóxica.
A pesar de todos estos problemas, los tasqueños resisten. Sin embargo, esta no es la única vez que lo han hecho. Se han consolidado como un caso emblemático en el país de una comunidad que detiene con sus propias manos a la maquinaria minera. Por ejemplo, en el año 2013 duraron 28 días en un campamento en pleno páramo de una zona contigua al Parque Natural de Pisba. La lucha alcanzó la movilización de 4.000 personas, entre organizaciones campesinas, acueductos comunitarios y los mismos pobladores de la región, quienes lograron vencer a la multinacional estadounidense Hunza Coal, cuya pretensión era explotar 700 mil toneladas anuales de carbón.
Paz del Río afirma que han hecho un trabajo serio para agotar todos los mecanismos de diálogo y concertación posibles con la comunidad. “En octubre de 2015, la compañía nuevamente de manera voluntaria optó por no intentar explotar la mina. A la fecha tenemos conocimiento de que persisten los bloqueos en la zona, acompañados de diversas acciones del grupo opositor. Paz del Río ha reiterado que de darse la apertura de la mina, se realizará con los más altos estándares de sostenibilidad que existen, con intervención social responsable y todo ello enmarcado en el respeto por las comunidades y en pro de generar desarrollo local”.
De acuerdo con información de la compañía, 15.000 familias boyacenses se ven beneficiadas por Acerías, pues es el mayor empleador del departamento con cerca de 1.500 empleados directos y 1.500 indirectos, y más de 4.000 pensionados.
Lo cierto es que los campesinos de Tasco se niegan a moverse de su plantón hasta tener las garantías que les demuestren que la empresa no va a empezar operaciones. La reciente decisión de la Corte de prohibir la minería en páramos les da un respiro, pero no es suficiente porque, según Pinzón, estas empresas nunca pierden, mientras que los ciudadanos sí. “El día que nos devuelvan los nacimientos de agua, ese día pueden explotar”, concluyó Sixto Amaya, líder de la protesta.
Colombia: Anti-Mining Occupation in Ninth Month of Resistance
from El Espectador
translated by Earth First! Journal
The peasants of Tasco, in Boyacá, have completed nine months camping in the natural area of Pisba to defend the land from iron mining exploitation. The exact location is at the El Banco mine located in the vereda [subdivisional administrative part of a municipality] of El Pedregal. The peasants of Boyacá want to preserve their water sources which mineral exploitation has been robbing them of for over 50 years. Acerías Paz del Río [literally meaning River’s Peace Steel Mill] assures them they have met environmental requirements [yet] since June of 2015 a large tent has been raised with 24-hour watch in rotating shifts between the community members. “Because the vereda needs to survive, work, and not go through so many sleepless nights,” said Sixto Amaya, one of the protest’s leaders.
The story of the mine begins in the ’60s when Acerías Paz del Río began searching for iron and carbon. Since 2002 the corporation culminated their search before the Brazilian Votorantim became the largest stock-holder. After ten years, in December 2013, the corporation tried new methods of re-opening the El Banco mine. However, according to Sixto Amaya, protest leader, “after seeing the damage done to the vereda we said ‘no more’ to water loss. We are working to take care of the few springs we have left.” According to this peasant, the mine has been stealing from over 30 water sources throughout the region, and there are but 25 live ones left—the ones they are fighting to protect now.
Nonetheless, according to the spokesperson of Acerías Paz del Río, “In the case of the El Banco mine we have seen evidenced, from a strictly technical point of view, that there no longer exist water springs and the 30 which are spoken about have no underground origin; they are spaces filled exclusively by rainwater.”
But according to the document created by the investigator Esthefanny Yague of the Latin American Institute for Society and Alternative Rights (ILSOA), the case of mining in Pisba has left behind environmental damage, like the large amounts of clearcuts, the reduced agriculture and pecuary productions, the destruction of flora and fauna, the change in the rain water courses. Yague assures that the páramo [alpine tundra ecosystems] is being affected; mining intervention provokes acid rain loaded with heavy metals. These waters supply the daily intake for the people of Yopal and Tasco.
The list of problems is not entirely environmental. As Andreiv Pinzón, member of the Colombian Platform for Human Rights, Democracy, and Develppment (Pcdhh), explains in support of the protest, when Paz del Río started to operate the soils became unstable, there were peasants forced to leave as their homes came crumbling down, the highways are cracked, the air is contaminated with dust. “The entire peasant’s economy was affected since they live in communion with the páramo, the water, the ecosystem,” he assured.
Precisely it is the water that is the peasant’s sharpest problem, it is the one which puts them in the gravest situation. Mining has threatened the lagoon Oro [gold], a water containment source for carbon mining. In this manner they’ve seen several aquifers of the community affected. “So we question whether the State deems water to be a privilege for mining as a national interst, instead of water as a human right,” commented Andreiv Pinzón.
Amidst these problems Lorenzo Suárez, president of the Integrated Peasant’s Association, finds himself. He explains that in Boyacá there exists a lagoon called Tota which is a sweet-water ocean at over 11,000 feet above sea water that supplies water to six municipalities, including the city of Sogamoso. That city, with over 150,000 consumes eight inches of water, while Acerías Paz del Río uses 30 inches of water; that is, they consume as much as four cities. Worse of all, [Suárez says] they contaminate the waters that lead into the main river of Boyacá, which has had over 28 highly toxic water spills.
Despite it all, the tasqueños [people of Tasco] resist. And let it be known, this is not the only time it has been done. They have become known as the emblematic case in the country of the community that stopped the mining machines with their very own hands. For example, in 2013, they occupied land for 28 days in the páramo region of Pisba’s National Park. The struggle included over 4,000 people, including peasant organizations, aquifer community organizations, and the very people from that region, who were victorious in bringing down the giant US-American corporation Hunza Coal, whose pretense was to exploit 700,000 tons of carbon each year.
Paz del Río affirmed that they’ve made a serious attempt of exhausting all means for dialogue and possible consultations with the community. “In October 2015, the company opted in a voluntary manner to not exploit the mine. To date we have knowledge of people conducting a blockade of the zone, accompanied by differing actions from the group of the opposition. Paz del Río has reiterated that were they to open the mine, it would be with the highest standards of sustainability possible, with responsible social intervention and everything done with respect to the communities and in favor of developing the local economy.”
According to information from the company, 15,000 Boyacan families would be benefited by the steel mill, since they would be the main employer in that department, with 1,5000 direct employees and 1,500 indirect, and 4,000 receiving pension.
The truth is that the people of Tasco are refusing to move from their occupation until it is guaranteed that the corporation will not open operations again. The recent decision made by the Court prohibits mining in the páramos which is a breath of relief, but it is not enough, since according to Pinzón, these corporations never lose, while it is the people that do. “The day all our natural water springs come back is the day they can exploit,” concludes Sixto Amayo, a leader of the protest.