Todos somos conscientes de los recortes sin tregua, y la realidad acuciante de lo que vivimos y vemos en la calle diariamente: el adelgazamiento de lo que hasta ahora creíamos público y de todas, la prácticamente desaparición de derechos formalmente conseguidos para la población en el último siglo, léase derechos laborales, derechos de ciudadanía, educación, sanidad, servicios comunitarios, el recorte de libertades y un largo etcétera que sirve sin duda alguna para justificar la sacrosanta “estabilidad presupuestaria”.
Todo este escenario de ruina y desolación del maltrecho “Estado del Bienestar” tuvo la puntilla demoledora el pasado mes de Julio del año 2012, cuando casi de puntillas y a hurtadillas los dos grandes partidos mayoritarios, PP y PSOE lograron con su acuerdo la MODIFICACION DEL ART 135 CE.
El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Con esto se viene a decir que el Estado tiene PRIORIDAD PARA PAGAR LAS DEUDAS ANTES QUE ASIGNAR EL PRESUPUESTO A CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTO.
O lo que viene a ser los mismo: el Estado social y democrático que dice la constitución española que conformamos se ha puesto en manos del capital y del sistema financiero con las lógicas del capital: el lucro y el beneficio, dando lugar a un lema que impera.- PRIMERO EL CAPITAL Y LUEGO LAS PERSONAS.
Por otro lado, el Estado se proclama así mismo como garante del “cuidado” y bienestar de las personas que lo conforman. Dentro de este gran colectivo que es la “sociedad” están los niños y niñas, jóvenes que según toda la normativa estatal y paraestatal o internacional no ceja en proclamar que deben estar amparados, incluso en los procedimientos judiciales penales, creando y ratificando para ello normas internacionales: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) año 1985. Reglas Mínimas de Ns US para la protección de los menores privados de libertad y Convención de 20/11/1989 sobre los Derechos del Niño.
Llegados a este punto nos preguntamos ¿Como casa todo esto? ¿Dónde quedan todos estos loables enunciados? ¿Dónde empieza la responsabilidad del Estado en la dejación de los deberes de protección y cuidado a su población y con mayor énfasis a sus niños/as y jóvenes como garante su libertad y seguridad?
Volvemos al enunciado del principio.- La Gestión por parte de organizaciones privadas de la ejecución de las penas privativas.
”El 73% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas “sin ánimo de lucro” que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor.”
Este dato nos ilustra, del fenómeno de la MERCANTILIZACION en que se han convertido las penas de prisión impuestas a los menores,o como la LORPM (Ley Orgánica de Responsabilidad de los Menores) las “LLAMA” las MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EN CENTRO convirtiéndose en un “valor al alza”, De otro lado una rotunda afirmación, la constatación de que el ESTADO SE INHIBIE de sus responsabilidades, haciendo dejación de sus funciones traspasando la obligación que sobre él pesa de “ atender a los chavales”, velando siempre por su “superior interés” como las distintas leyes que les aplican proclaman reiteradamente.
La lógica mercantil y financiera que ahora nos imponen para explicarnos casi porque sale el sol cada día, lleva años aplicándose en la jurisdicción de menores.
El cumplimiento de la condena y la rehabilitación de una persona condenada, da igual que sea mayor o menor, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de la privatización hay un negocio. Y no se trata de ONGs sin ánimo de lucro, sino, como decía un amigo, ‘sinónimo de lucro”, y ello en referencia al progresivo proceso de privatización de las cárceles de menores, ya que hoy día esas empresas en expansión controlan en torno al 73% de las cárceles de menores.
El negocio de las cárceles de menores –al igual que ocurre con los centros de protección- no ha dejado de crecer desde entonces. Ningún estudio ha comprobado la eficacia de este modelo pivotado sobre fundaciones “sin ánimo de lucro” que reciben entre 300 y 500 euros por niño/ a y día. Transferida la competencia para el cumplimiento de las penas a las Comunidades Autónomas, la inmensa mayoría de ellas subrogan esta función a entidades privadas. Sólo Cataluña y el País Vasco mantienen cárceles exclusivamente públicas.
“La atención a los chicos se ve comprometida”, porque se establecen criterios económicos en el tratamiento de menores”. En primer lugar, la diversidad de tratamientos es abrumadora. En segundo lugar, la calidad de vida de los menores, en un contexto de negocio, puede verse afectada. Pero ante todo, la privatización aleja la posibilidad de control que en el caso de las cárceles es esencial, “pues la ejecución de una medida de prisión implica un ejercicio de contención. Toda nuestra configuración legal está prevista para que las personas que están privadas de libertad dispongan de mecanismos de protección como es la posibilidad de denunciar torturas o rigor innecesario”. Esto, no se puede garantizar cuando los centros son privados.
Son muchas las voces que, como Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, advierten de que “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”. La CPT recoge en su informe anual algunos de los casos de tortura sufridos por menores en cárceles. Se trata de casos muy difíciles de documentar, pues el secretismo de los centros, el miedo a la represión, la imposibilidad de acceso de la sociedad civil a las cárceles –es más difícil que acceder a cárceles de adultos – y la vaguedad con la que los chavales refieren los casos lo dificulta. “Nos encontramos a menudo con cartas que escriben los menores en las que se narran atrocidades, pero es siempre muy vago, porque son chavales de 14 a 16 años”.
En las cárceles de menores se producen torturas que Del Cura clasifica en tres tipos: la “humillación permanente”, “sanciones arbitrarias”, y “agresiones físicas puras y duras”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas. El “engrilletado” es una práctica denunciada en diferentes centros y comprobada cuando ya era demasiado tarde en casos como el de Philip García, muerto en el centro tinerfeño Nivaria, y que valió una acusación criminal a cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y de una educadora de la empresa Ideo.
Para Daniel Jiménez, de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a presas y presos de Aragón Asapa, “las muertes por tortura no son excepciones sino ejemplos máximos de la manera de funcionar”. Desde 2001, nueve chavales han muerto en cárceles. Casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.
ASAPA elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza, Juslibol –“una réplica a escala de la cárcel de Zuera”–. Desde que hicieron el informe, no han constatado cambios. A su juicio, “da igual si funciona en la línea dura como cuando se aprobó la ley del menor, o si se cambia un poco la estrategia con la medicación y la psiquiatrización y la anestesia” porque “el maltrato institucional tiene un proceso muy largo en el que las cárceles de niños son la culminación, un círculo vicioso con el que mucha gente está haciendo negocio”.
Fundaciones que gestionan cárceles “SINÓNIMO DE LUCRO”:
GINSO, negocios redondos
“Asociación para la gestión de la integración social” (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero GINSO supone, además, un “paso más allá” en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado.
GRUPO NORTE
Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, gestiona varios centros de menores en régimen abierto y semiabierto. Representa el modelo de negocio clásico en este ámbito, que mezcla la gestión de protección y la reforma de menores con una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y ETT. Ha sido denunciada por malos tratos en Valladolid y en Madrid, en este último caso la denuncia fue efectuada por la Coordinadora de Barrios, al observar en un menor hematomas producidos por porras.
DIAGRAMA
Fundación Diagrama es un opaco y hermético conglomerado de ong´s y empresas, la mayoría de ellas sin actividad conocida, que su presidente Francisco Legaz, a modo de reina madre del panal, ha ido creando con el paso de los años no solo en España sino en muchos otros países. Un entramado que factura y gestiona decenas de millones de euros provenientes de subvenciones, ayudas y convenios con diferentes gobiernos regionales: Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Andalucía y, sobre todo, Murcia y Comunidad Valenciana donde ejercen una especie de monopolio en lo que concierne a menores sujetos a medidas judiciales.
Diagrama Internacional se autodefine como una asociación sin ánimo de lucro creada en 2008, y con sede en Bruselas. Constituye una red global de entidades de diferentes países cuyo verdadero funcionamiento, relaciones entre los miembros y estrategias para conseguir sus objetivos desconocemos. El largo historial de incidentes graves, contrastados por diversas fuentes, en centros gestionados por Diagrama nos hace retroceder a marzo de 2001 cuando la Comunidad de Madrid cerró los tres centros de menores, “Guadarrama”, “Rio Chico” y “Cimbra”, que la fundación gestionaba en esta provincia. Además rescindió el contrato vigente “porque los métodos educativos empleados para la corrección de conductas no eran los adecuados”.
Los chavales eran objeto de tratos vejatorios y degradantes abriendo la Fiscalía de Menores una investigación a raíz de la denuncia de uno de los jóvenes contra el director, dos educadores y dos guardas de seguridad de Diagrama. Sin embargo, en agosto de 2005 la Audiencia Provincial de Madrid absolvió de un presunto delito de malos tratos tanto al propio gobierno regional como a la Fundación Diagrama en una sentencia un tanto peculiar. La Sección XVIª decretó el archivo de la causa no negando los hechos denunciados sino limitándose a manifestar que con la entrada en vigor de un por entonces nuevo reglamento de menores los hechos no eran ya punibles.
Aún así, esta fundación volvió a colaborar con el gobierno madrileño y, nuevamente se vio envuelta en la polémica. En septiembre de 2009 Diagrama perdió la gestión del Centro de Menores “Los Robles” por sus expeditivos métodos.
En septiembre de 2004 el juzgado de instrucción nº 2 de Jaén acordó por segunda vez el archivo de la denuncia formulada por varios ex trabajadores del Centro de Menores “Las Lagunillas” (Jaén) por los tratos vejatorios de que eran objeto los menores. El auto de sobreseimiento se dictó después de que los propios vigilantes que denunciaron a la empresas Fundación Diagrama y Provibe S.L. (esta empresa acabaría tiempo después como el rosario de la aurora) solicitaran al juzgado el archivo del caso. Los denunciantes decidieron desistir del procedimiento y solicitar el archivo del expediente tras constatar “la lentitud con la que se han tramitado en el juzgado las diligencias de instrucción”.
(Fuente: “Privación de libertad y derechos humanos”. 2008. Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona).
En mayo de 2008 el sindicato UGT denunció públicamente que medio centenar de menores del Centro de Reeducación “Mariano Ribera” de Burjassot (Valencia), gestionado por la Fundación Diagrama desde 2004, habían permanecido al menos seis meses encerrados sin poder salir al patio del recinto debido a las obras de reforma. Durante todo este tiempo los menores afectados ni tan siquiera pudieron disfrutar de las dos horas de patio obligatorias que marca la ley. Como respuesta, la Consellería de Justicia de la comunidad valenciana dijo no tener constancia de ningún incidente.
A finales de 2009 Amnistía Internacional denunció públicamente que en algunos centros de menores de Andalucía, Madrid y Cataluña, muchos de ellos gestionados por la Fundación Diagrama, se violaban sistemáticamente los derechos básicos de los jóvenes, y certificaba la existencia de suicidios.
En noviembre de 2012 la sección 3ª de la Audiencia de Valencia condenó a la Fundación Diagrama, y a la Generalitat como responsable civil subsidiaria, por la agresión sexual cometida por un trabajador a tres menores en uno de los centros. Esta persona fue contratada a pesar de que ya tenía una anterior condena firme por otra agresión similar.
Pero no solo algunos de los métodos reeducativos de Fundación Diagrama y sus “profesionales de altísimo nivel” son cuestionables. También lo es su actitud para con sus trabajadores que en numerosas ocasiones ha sido tachada públicamente de prepotente, y su falta de respeto a la normativa laboral vigente. Sirva como ejemplo el caso del centro de menores de Melilla que desde hace tiempo gestionan por la módica cantidad de 2 millones de euros anuales. La Inspección Provincial de Trabajo ya sancionó a finales de 2011 a esta fundación por no respetar los turnos de trabajo de los empleados. Más tarde, a mediados de 2012, el Juzgado de lo Social de Melilla decretó el embargo de bienes de Diagrama para hacer frente al impago de 17.300 euros en concepto de diferencias salariales de varios de sus trabajadores en algunas de sus nóminas de 2010. Finalmente, en enero de 2013 la empresa llegó a un acuerdo in extremis para el reintegro de las cantidades debidas.
De igual manera, el comité de empresa de UGT presentó en diciembre de 2012 una denuncia por falta de medidas de seguridad y salud en dicho centro, reclamando principalmente equipos de protección individual y un plan de emergencias que las autoridades competentes calificaron de inexistente.
Conclusión:
Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a pensar que los Centros de menores son los laboratorios sociales donde el Sistema experimenta sus futuras técnicas carcelarias y lo hace sobre quienes, de adultas, serán seguramente, las personas presas del mañana. Las cárceles, no cumplen con la función para las que según las leyes han sido fundadas, que es la de reeducación y la de reinserción, ya que no van a la raíz del problema por el cual esos menores entran en prisión, con lo cual, cuando ese niño o esa niña sale en libertad, se sigue encontrando con el mismo problema que cuando entró pero agravado por un odio hacia esta sociedad que le ha impuesto un castigo y una autoridad que él no entiende ni reconoce.
Alrededor de la delincuencia se mueve un enorme negocio que sin ella no tendría razón de ser. Una gran parte del sistema se nutre a costa de la delincuencia y por ello se encarga de asegurarse el pan del que se mantiene, sin preocuparse por resolver un problema considerado en el mejor de los casos, como un efecto perverso necesario para mantener sus privilegios.
Ante esto, nos surge una duda: ¿es pues el fracaso de la cárcel de menores, un éxito? Evidentemente, la respuesta penal a los menores delincuentes constituye un eslabón capital en el conjunto de un mecanismo complejo de control social, a lo que podríamos añadir, que se alimenta, genera y perpetúa la marginación y la exclusión social, que llena de “clientes” las prisiones. Quizá eso sea el éxito: control, miedo, marginalidad y negocio.
En las cárceles de menores, al igual que las de adultos, se tortura, se violan los derechos humanos, constantemente se degrada a las personas y se aplican las leyes arbitrariamente dependiendo del poder económico del encausado. No se recibe la atención sanitaria o jurídica necesaria, con lo que se convierten en centros de inhumanidad y de vergüenza.
El propio sistema y los Estados son los responsables de la delincuencia, y a ellos es a quien debemos pedir responsabilidades, ya que ellos son los creadores de la pobreza, la desigualdad social, la marginación y un largo etcétera que es lo que lleva a las personas, menores y adultas a la cárcel
Por todo ello estamos en contra de todo tipo de cárceles, ya que en un mundo igualitario, formado por personas libres y con una educación sana, la mayoría de los actos por los cuales las cárceles están llenas no tendrían razón de ser.
Todo lo anteriormente citado creo que debería llevarnos a una seria reflexión sobre el porqué de las cárceles, a quien benefician y para qué sirven, y también de lo que ocurre dentro de ellas. De las situaciones de injusticia, de horror, y de la privación de dignidad hacia personas a las que se les quita mucho más que su libertad.
¡CON LOS NIÑOS NO SE JUEGA!
¡ENCERRANDO NO SE EDUCA!
Colla xicalla.