Por Julio Cortés Morales
Abogado
“…un príncipe debe inquietarse poco de las conspiraciones cuando el pueblo le tenga buena voluntad, pero cuando le sea contrario y le tenga odio, debe temerlo todo y a todos” (Maquiavelo, El Príncipe)
1.- Bonanno en Chile.
Hace algunas semanas fui contactado por algunas personas de confianza que me contaron que el famoso anarquista italiano Alfredo Bonanno estaría haciendo un ciclo de charlas en varios países latinoamericanos, incluyendo Chile. A este país llegaría tras pasar por Uruguay y Argentina. Sin ser un gran conocedor de la obra de Bonanno, que incluye numerosa literatura política de la cual podría mencionar en libro de los 70 sobre la “Autogestión”, y otro muy breve y contundente sobre Malatesta y la violencia revolucionaria, me pareció que la visita resultaría de lo más interesante.
En todo caso, en mi calidad de abogado les dije que me parecía bastante poco probable que le fuera permitido el ingreso a esta larga y angosta faja de tierra, y que la Policía de Investigaciones podría fácilmente aplicar a su respecto la añeja e indefendible Ley de Extranjería que aún rige en Chile y que el gobierno se ha comprometido a modificar (dado que es unánime la opinión de que no se ajusta a los estándares actuales de derecho internacional de los derechos humanos).
El artículo 15 del decreto ley 1.094, dictado en 1975, es decir en plena dictadura, en un estilo muy similar a legislaciones fascistoides de otros tiempos y lugares y que casi hace nos recordar de inmediato a los más viejos el hace tiempo derogado artículo 8 transitorio de la Constitución (1) , literalmente dice que se podrá negar el ingreso al territorio nacional de:
“1.- Los que se propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”.
Con ese pronóstico, y sabiendo por mi experiencia personal y profesional que una de las zonas donde por definición las decisiones político-administrativas no respetan la legalidad más básica -y para qué hablar de lo que denominamos “estándares de derechos humanos”- son los aeropuertos y otros puntos de ingreso y salida de un país, ofrecí mi modesto apoyo jurídico para la eventualidad de que se presentara cualquier problema al momento del ingreso.
La verdad es que cuesta creer que la sola presencia de un conferencista ácrata pueda poner en peligro el orden social de un país, pero en estas zonas rige directamente una especie de estado de excepción no sólo jurídico sino que lógico, sobre el cual ya se ha teorizado bastante (Agamben, etc. etc.). Por algo será, dirán algunos, y de repente me acuerdo de una frase de Deleuze que cita Germán Marín al concluir su novela “Carne de Perro”:vivimos bajo un sistema que “no puede soportar nada”.
2.- “Waiting in vain”.
El día jueves 12 a la medianoche fui al aeropuerto en compañía de tres personas (incluyendo al traductor), y esperamos durante casi dos horas que el visitante apareciera. Esperando ahí recordaba las primeras veces que aterricé en ese lugar, por ahí por 1983/4, y el cartel gigante instalado por la dictadura, que rezaba: “Vamos bien. Mañana mejor”. Ahora se divisan carteles gigantes con el rostro de Don Francisco promocionando no se qué servicios telefónicos. Lo único que me alegra es que nadie le dice “Arturo Merino Benítez” sino que en el habla colectiva sigue siendo el viejo aeropuerto de Pudahuel.
Como era de imaginar, esperamos en vano al viejito, porque las cintas de maletas fueron quedando vacías y después de una fila de cientos de pasajeros Bonanno nunca apareció.
A eso de las dos de la madrugada, tras quedarnos claro que se había embarcado en Buenos Aires pero que no había llegado, me dirigí a las dependencias de la PDI en el aeropuerto, donde tras cierta sorpresa por mis inquietudes sobre la suerte de este visitante se me llevó en breves minutos a las oficinas del Subprefecto Nestor Escobar, quien amablemente y tras comprobar mi identidad y profesión solicitando mi cédula y entregándola a un dependiente para los registros pertinentes, me informó que Alfredo Bonanno estaba ya sentado en un vuelo de regreso a Buenos Aires, puesto que se le había negado el ingreso en razón de sus “antecedentes negativos”.
Le pregunté si en concreto habían aplicado alguna disposición de la Ley de Extranjería, y me dijo que sí, añadiendo: “si mal no recuerdo, el artículo 26 Nº 7 y 9”. Habló además de que Bonanno tenía lo que para ellos eran unos “encargos pendientes”. Con inquietud le pregunté si se refería a órdenes de detención, o causas vigentes, pero me aclaró que no era nada actual, sino que sencillamente tenía “antecedentes” por haber cometido delitos en Europa, y que ellos tienen la atribución de impedir el paso a ese tipo de personas. (Para mis adentros pensaba: en la misma condición debe estar Toni Negri, pero ha entrado y salido varias veces de Chile sin ningún problema, y se la ha tratado como un respetable intelectual y académico. Si es por eso, ¿sabrán que Bonanno es Doctor en Filosofía?)
Ante los hechos consumados, no se podía hacer nada más. De todas formas, antes de despedirme le comenté al policía que Bonanno no había tenido problemas para entrar y dar charlas en Uruguay y Argentina, ante lo que respondió que ellos aplican la ley chilena.
Al devolverme mi cédula de identidad, mencionaron que tenían que hacer un informe al Ministerio del Interior.
3.- En conclusión…
En medio de elecciones y otras noticias, estos hechos no causaron tanto revuelo. Según entiendo, tan sólo la diputada Ximena Vidal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, manifestó algunas críticas al accionar policial, y la necesidad de tener más información sobre este caso en particular.
Por su parte, El Mercurio en su edición impresa del 14 de diciembre (C 22 (2)) revela que en verdad la decisión fue del Ministerio del Interior, y que la orden ya había sido dada durante el mes de noviembre (¡A esos “encargos” se debe haber referido el subprefecto Escobar!). Obviamente que la razón real debe haber sido esa, puesto que si analizamos las disposiciones citadas por el Escobar, el artículo 26 (que no se descompone en numerales) se refiere a la situación del ingreso de artistas y deportistas. Lo que está claro a estas alturas es que la orden no la tomó la PDI en Pudahuel esa noche, sino que provino de mucho antes y desde La Moneda.
La Segunda, en un estilo mucho menos elegante, menciona incluso mi nombre completo (tal cual lo debe haber anotado la PDI) y revela mis vínculos laborales, faltando poco para que den mi teléfono y dirección personal, todo ello “de acuerdo a fuentes del gobierno” que aparentemente no toleran que un abogado pueda ejercer su actividad profesional particular a favor de personas que en este contexto sufren una abierta criminalización ideológica que inclusive viola su propia legalidad nacional e internacional . (3) (Nota: Dicen: “según fuentes de gobierno aguardaban por él (en el pasillo de espera del aeropuerto) un grupo de supuestos simpatizantes. Entre ellos, el abogado y funcionario del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) Julio Esteban Cortés Morales, el mismo que tuvo a su cargo las defensas de imputados del Caso Bombas y de Hans Niemeyer.”. )
Entrando en el terreno de la pura especulación, creo que si desde la Inteligencia del Estado se resucitara a Maquiavelo a través de médiums o un tablero ouija, el sabio consejero italiano recomendaría encarecidamente dejar entrar al anciano anarquista, sin perderle jamás la pista durante sus actividades en este territorio. Pero no: acá se optó por una expulsión decretada a priori, y cuyo fundamento jurídico se desconoce hasta el momento, no así el fundamento político real: a ciertos sectores del Estado y en particular el Gobierno de Chile, les da miedo de que un anarquista de casi 80 años venga al país a ejercer su libertad de expresión. No es ni novedoso ni extraño: recordemos que durante el primer gobierno tras la “recuperación de la democracia” se hicieron todas las gestiones necesarias para que grupo de heavy metal Iron Maiden no pudiera entrar a Chile a dar un concierto. Eran la encarnación del mal para ciertos sectores muy influyentes, tal como ahora parecen temerle al fantasma de lo que han dado en llamar “anarco-insurreccionalismo”.
Otros visitantes que son verdaderos delincuentes (eso sí, de cuello y corbata) y/o violadores de derechos humanos, pueden entrar y salir sin problemas, y eventualmente hasta recibir homenajes.
En fin, a modo de conclusión, creo que podemos convenir desde el punto de vista de algo así como un Observatorio de las prácticas represivas, que de los 3 países ubicados en el cono sur de América, Chile es por lejos el más intolerante. Y aparentemente, también el menos “inteligente”.
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Notas:
(1) Para no latear al lector con otra cita legal, me remito a lo que sobre tal disposición dice la Enciclopedia Icarito: “Jaime Guzmán fue el creador del artículo octavo transitorio de la Constitución Política de 1980. Este sancionaba con la pérdida de los derechos ciudadanos a los grupos y personas que propagasen doctrinas que atentasen contra las bases de la institucionalidad; es decir, los partidos y militantes de izquierda” (http://www.icarito.cl/biografias/ar…).
(3) http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetai… El Mercurio, más sutil, solamente menciona que había “un abogado”.