Ni José Pardines y Txabi Etxebarrieta (1968), como se ha pensado mucho tiempo, ni la niña Begoña Urroz (1960), como insiste en sostener una falsa versión oficial. La primera víctima del conflicto tras el nacimiento de ETA se llamaba Javier Batarrita Elexpuru y murió hoy hace 53 años en Bilbo, ametrallado por la Policía franquista «por error». En realidad querían acabar con militantes de aquella nueva organización. Esta es la historia.

Iñaki Egaña * E.H
Es complicada la referencia a la primera víctima del llamado conflicto vasco, en su fase más reciente, cuando las franjas temporales del mismo no son compartidas y, en muchos casos, obedecen a guiones prefabricados de relatos enlatados por la propaganda. Es difícil establecer una franja nominal con un principio y final al citar a las víctimas cuando éstas, obviamente, cobran protagonismo a partir de la conculcación de sus derechos humanos y colectivos. Al tratarse, además, de una época de partida donde la negación de esos derechos rebosaba cualquier termómetro al uso. Desde el derecho al sufragio, hasta el de la vida, pasando por el de la libertad de prensa, lingüístico, manifestación, asociación o cualquier otro de los citados en la ristra de Naciones Unidas.
Es difícil establecer una franja de partida de la época que nos ocupa cuando, como ha recordado torticeramente el Gobierno español en la Querella Argentina, no se puede exigir la aplicación de derechos humanos a un estado que no daba validez a los mismos. Unos derechos que fueron promulgados en diciembre de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los que España se fue sumando gradualmente con notoria lentitud: sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en 1968, sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, asimismo sobre los Derechos Civiles y Políticos en 1977, sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1984, contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1987 o sobre los derechos del Niño en 1990.
Es complejo hacerlo cuando coincidiendo con la promulgación universal de los DDHH de 1948 y en un hecho que se me antoja simbólico, dada la importancia que ofrece España a la metáfora, el Gobierno franquista ejecutó a dos vascos en Barcelona, Félix Pérez de Lazarraga (de Gasteiz) y Andrés Mellado (de Portugalete).
Es enredado hacerlo de forma multilateral, metiendo en el mismo saco al Estado y a su oposición, poniendo en el mismo nivel a ambos, cuando esa misma Declaración Universal era sumamente explícita en su preámbulo: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La frase en cuestión fue el argumento esgrimido para habilitar en no pocos escenarios del planeta las rebeliones contra las metrópolis, incluso la insurrección contra regímenes antidemocráticos como el que nos ocupa. Un recurso que legitimaba en nuestro escenario cercano todas las formas de rebelión, incluidas las que imaginamos unos y otros.
Es arduo entrar, en consecuencia, en esos límites temporales que hicieron entonces los medios de comunicación prorrateados hasta la actualidad y dados por buenos por esos historiadores profesionales que reclaman para sí el protagonismo de un relato oficial, marcado ideológicamente por la defensa a ultranza de la Razón de Estado. Un relato que desde entonces hasta ahora apunta a una cuestión de “contrainsurgencia”, reinventada ahora por el Gobierno Vasco en “contraterrorismo”, en justificación a la conculcación masiva de derechos por parte del Estado español.
Aún así, y con la matización reiterativa de que, desde mi modesta opinión, el punto de partida no es el acertado, la nota del nacimiento de ETA como origen de la conculcación de un derecho fundamental como es el de la vida, se movería en unas coordenadas que no son las objetivas, la de las muertes de Txabi Etxebarrieta y el guardia civil José Pardines en 1968. Descartado el “false flag” (propaganda negra) sobre Begoña Urroz, ya denunciado desde estas mismas páginas antes de que la apertura de los archivos policiales lo corroborara, la cuestión se centraría en ¿quién fue la primera víctima mortal en los relatos que sugiere para ese tiempo el Estado? La respuesta es única: Javier Batarrita Elexpuru.
El 27 de marzo de 1961, inspectores del Cuerpo General de Policía, junto a guardias civiles y números de la Policía Armada, se apostaron frente a la gasolinera de la cuesta de Miraflores, en Bolueta, a la entrada de Bilbo. Casi a las diez de la noche del mismo día, después de parar un “peugeot 403” y abrir sus puertas, los policías dispararon contra sus ocupantes. Los agentes del Estado, después de efectuar el ametrallamiento, abandonaron parsimoniosamente el lugar, convencidos de que acababan de ejecutar a Julen Madariaga, José Mari Benito del Valle y Manu Agirre. En el interior del vehículo Javier Batarrita, de 33 años, había fallecido. José A. Ballesteros, el segundo ocupante del coche, se debatiría durante varias semanas entre la vida y la muerte.
El “Crimen de Bolueta”, como se le denominaría en lo sucesivo por las fuerzas proscritas, dejaría constancia para la primera generación de militantes de ETA, de que no estaban ante una conspiración de salón, y que determinadas actitudes fuera de la línea habitual de la oposición se podían pagar con la vida. En este caso tres jóvenes ajenos a cualquier organización (el herido grave era hijo del exgobernador civil de Orense), habían sido literalmente fusilados, y lo habían sido en función de que las fuerzas policiales los habían creído militantes de ETA que hasta entonces se dedicaba a hacer pintadas con la palabra “Askatasuna”, recordando el bombardeo de Gernika y estudiar historia vasca.
Julen Madariaga, el objetivo de la acción policial, poseía un coche de las mismas características y color que Javier Batarrita. Sin embargo, durante esas fechas Madariaga se encontraba en la universidad inglesa de Cambridge. La pista que al parecer siguió la policía, provenía de una reunión que habían celebrado Benito del Valle y Manu Agirre en Gasteiz con Rubén López de Lakalle y Angel Aranzabal para formar un grupo de ETA en la capital alavesa.
La policía, que tenía noticias de la reunión sin confirmar el lugar, buscaba el coche de Madariaga (un “peugeot gris”) en las entradas de Bilbo. Benito del Valle, quien volvía ese mismo día de Gasteiz, conducía un “Seat 1400” negro. Este es el relato de una revista del PNV: “A las 9:48 (de la noche) exactamente, notamos una oleada de nerviosismo en el instante en que un automóvil “Peugeot” 403, descapotable, color claro, se acerca a unos 50 kms/h al puesto de gasolina. Un guardia civil detuvo el coche y apuntando al conductor con su metralleta le ordenó estacionara en la esquina. El conductor, alarmado, obedeció, sacó la mano, detuvo el automóvil y abrió la portezuela para averiguar qué pasaba. Sonó un disparo y luego se sintió el traqueteo de metralletas mezclado con disparos de fusil y pistola. Los disparos continuaron con furor unos segundos. El conductor cayó como un fardo. De su boca salió un chorro de sangre que se mezcló con los restos de aceite de la carretera y dejó una gran mancha de color parduzco”.
Al día siguiente, Ibáñez Freire, gobernador de Bizkaia, alumbraba una nota en la que se anunciaba la “versión oficial”: “Las fuerzas de policía habían recibido una notificación de Vitoria comunicando que un vehículo con idénticas características al del Sr. Batarrita llevaba a tres terroristas armados. Por error de vehículo, se ha escapado un disparo y hay que lamentar un muerto y un herido grave”. En realidad, Batarrita había recibido 49 impactos.
El “escarmiento” parecía la razón de mayor peso a la hora de enjuiciar la actitud policial. Abandonaron el lugar (volvieron cuando tuvieron constancia de la “equivocación” para borrar las huellas del crimen) sin preocuparse por el estado de las víctimas. Incluso Ballesteros, el herido grave que quedará paralítico de por vida ya que una bala se le alojó en la espina dorsal, fue recogido por los vecinos e ingresado de forma clandestina en un hospital, bajo nombre falso, para ocultar su probable identidad de resistente, que a la postre no iba a existir. La viuda de Batarrita llamó asesinos a los policías del Hospital de Basurto. Su osadía le llevó a ser detenida en la comisaría de Indautxu.
Los medios prorrateados hasta hoy también cumplieron su papel. “Es humano errar aunque los yerros tengan a veces tan dolorosas consecuencias”, escribió el Correo Español. Los jueces también. Diez policías serían juzgados por el Crimen de Bolueta. El resultado fue la absolución. Como previsiblemente sucederá con el caso de Iñigo Cabacas, nadie fue capaz de identificar al autor (autores) de los disparos.

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