En el marco de este juicio, el 11 de febrero de 2014 declaró ante el tribunal Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, quien confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como “terroristas” mientas se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche…

Esta confesión viene a constatar en sede judicial lo que ya era conocido de facto, y es que Carabineros recurre al uso de infiltrados con el objetivo de provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes indígenas, dicho de otro modo, desde las Fuerzas de Seguridad del Estado se diseñan y ejecutan operaciones de contrainteligencia destinadas a neutralizar a las organizaciones sociales e indígenas, operaciones que son violatorias de las libertades civiles y que, en el caso de los Mapuche, tienen un claro componente racista y discriminatorio. La violación del debido proceso forma parte de los delitos planificados para lograr la neutralización de las legítimas reivindicaciones del pueblo indígena Mapuche en relación con sus tierras ancestrales.

El problema de fondo sigue siendo la aplicación de legislación propia de las situaciones del estado de excepción al conflicto mapuche de la IX Región. La ley antiterrorista y la jurisdicción militar son el marco que escuda estas operaciones de contrainteligencia…

La Comunidad Autónoma de Temucuicui emitió un comunicado el 13 de febrero en el que manifestaba que para la comunidad “es sumamente preocupante todas las confesiones realizadas por este agente encubierto, puesto que entre el 2009 y 2011 una treintena de comuneros de diferentes comunidades mapuche permanecieron presos por su testimonio como delator en el marco de la aplicación de la Ley Antiterrorista”… “Los atentados cometidos en la zona propiciaron el escenario para llevar adelante una militarización del territorio… Queda demostrado tras estas revelaciones que el propósito de esta operación era generar el miedo para justificar el control policial de las comunidades en lucha por sus derechos territoriales”.

“La comunidad autónoma de Temucuicui, junto con las comunidades que sufrieron la aplicación de la ley antiterrorista estos últimos años, han visto su vida cotidiana afectada: familias quebradas por la cárcel, allanamientos dejando destrozos materiales y llantos de niños, economía comunitaria precarizada por la ausencia de los padres de familia, pérdida de ingresos, estigmatización en el campo laboral, limitaciones de sus derechos fundamentales, como es la libertad de circulación o de expresar sus opiniones sin estar inquietado.”

Denuncian asimismo que desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, la Fiscalía ha infiltrado sistemáticamente a jóvenes en las comunidades mapuche, incluso pagándoles un salario por sus servicios… Es por lo que la Comunidad Autónoma Temucuicui está buscando ayuda jurídica para exigir responsabilidades al Estado por estos hechos y por las prácticas represivas en contra de las comunidades mapuche.