Fui perseguido, detenido y torturado el 2 de octubre de 2013. Llevo casi ocho meses preso por algo que no hice. Luego de 56 días en huelga de hambre y más de cinco meses hospitalizado, espero ahora la respuesta del recurso de amparo directo (que se ingresó el 23 de abril de este año) contra la sentencia de cinco años nueve meses que me impusieron.

Cabe señalar que no existe medio de prueba que acredite la conducta que injustamente se me imputa, ni un señalamiento directo en mi contra. Por lo tanto, l@s magistrad@s del segundo tribunal colegiado en materia penal de primer circuito deben absolverme. El delito de “ataques a la paz pública”, como ya se ha denunciado, es absolutamente ambiguo: al carecer de una definición clara se convierte, siguiendo sus propios términos, en un delito inconstitucional que prácticamente sustituye -dicen los abogados- al delito de terrorismo, pero planteando una nueva tipificación. Esta fórmula es parte de la política criminal implementada por el gobierno en turno del DF.

Las autoridades involucradas en mi proceso son responsables de privarme de mi libertad, además de violar y manipular sus propias leyes; los argumentos legales se han refutado en todo momento. Repudiamos el pésimo montaje de las autoridades en mi contra, su absurdo juego y su torpe forma de jugarlo, careciendo de cualquier base sólida para mantenerme preso. En esto de sus “leyes y justicia” no hay lugar para la razón: es su venganza contra los que no seguimos sus reglas, son sus armas para mantener su sistema de dominación, criminalizan la lucha por la emancipación y desinforman al pueblo para legitimarse.

A lo largo del país y más allá de las fronteras, la tempestad represiva no termina, como lo muestra el asesinato de Galeanopara intentar llenar de miedo a los zapatistas. En esta guerra sin tregua, la política gubernamental hostiga, encierra y asesina al rebelde que busca y lucha por la emancipación humana. Sin embargo, rendirnos no es una opción.

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