La Fiscalía les acusaba de un delito de usurpación, a lo que la propiedad añadía otro de daños.

Las 13 personas imputadas por la ocupación del Palacio Social Okupado Autogestionado (PSOA) Malaya, en Madrid, han sido absueltas de los delitos de usurpación, cargo que pedía la Fiscalía, y daños, como además solicitaba la propiedad, que valoraba en 300.000 euros los supuestos deterioros en el interior del inmueble, 60.000 de ellos en concepto de retirada de basuras.

También les acusaban de inutilizar el ascensor y de haber sustraído diez chimeneas de mármol, aunque no se les imputaba ningún hurto. La Fiscalía ya había retirado en diciembre los cargos de daños. Sin embargo, pedía 4 meses de multa a 7 euros diarios (840 euros), mientras que la acusación particular la misma cantidad de meses a 100 euros diarios (12.000), además de una indemnización. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 16 de diciembre, tras un proceso que fue suspendido por el juez, que lo devolvió a la fase de instrucción, el 6 de febrero de 2013 debido a las diferencia en las imputaciones entre propietarios y Fiscalía,

Tal como indica el abogado de los acusados, Endika Zulueta, “la sentencia lo que viene a decir es que no queda acreditado que nadie viviera en el inmueble y sí que era solamente un centro social”. Para que haya un delito de usurpacion tiene que haber una vocación de permanencia individual, no colectiva, algo que no ha probado la acusación. “Tal y como nosotros manifestamos en el juicio, lo que permanece en el inmueble es el centro social, las personas pueden ir cambiando y eso no es consecutivo de delito”, explica el letrado.

Respecto a la acusación de daños, el juez ha aceptado que pueden haber existido. Sin embargo, ha quedado acreditado que por ese edificio pasaban decenas de personas, no sólo los imputados,por lo que “no se puede saber quién es el autor de los daños”, apunta Zulueta..

El PSO Malaya, que se encontraba en el número 49 de la calle Atocha, permaneció activo desde marzo de 2008 hasta diciembre del mismo año y fue sede de decenas de proyectos sociales como el Centro de Medios, la Cicloficina Malaya, el seminario Historia de la Okupación en Madrid o la Red de Apoyo Zapatista.

El inmueble fue adquirido en marzo de 2004 por una sociedad mercantil llamada Atocha 49 SL, que a su vez estaba compuesta por otras dos sociedades. La primera, Inversiones Paduana, tenía como administradora a Pilar Román, hija de Pedro Román, exteniente de alcalde del GIL. Ambos están imputados por cohecho, fraude, blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio en el caso Malaya. Además, están acusados de ser testaferros de Juan Antonio Roca, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. La segunda sociedad era AMACU SL, cuyo administrador es Javier Pérez Villena, acusado de falsedad continuada e hijo de Ismael Pérez Peña, quien a su vez está acusado de cohecho y falsedad continuada. Además, al padre se le acusa de ser también testaferro de Roca, al que habría entregado 30 millones de las antiguas pesetas a cambio de la adjudicación del servicio de grúas municipales.

Tanto a Pilar Román Martín como a Javier Pérez Villena se les acusó de utilizar dinero sustraído de las arcas de Marbella (por parte de Pedro Román) para blanquearlo con la compra de inmuebles en su condición de testaferros. Se sospechaba que el edificio de Atocha 49 pudo haber sido comprado con dinero de dicho Consistorio, aunque la sentencia finalmente no lo considera probado. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas embargó el edificio en abril de 2013, junto con otros inmuebles de familiares de Román a los que considera testaferros.