Ayer dio comienzo el juicio contra el comunero mapuche Cristian Garcia Quintul, acusado de autoría por el incendio intencional que tuvo lugar en el Fundo Pisu Pisué el pasado 9 de Enero de 2013, en Río Bueno, área de Ranco, sector cercano a la frontera entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, del que no resultaron heridos.
Cabe recordar que por la misma causa y tras un proceso investigativo altamente cuestionado, se juzgó durante los meses de octubre y noviembre a los Machi Tito Cañulef Neipán y Millaray Huichalaf y a los comuneros Alex Bahamondes y Fénix Delgado, quedando absueltos todos ellos con excepción de Huichalaf, que fue condenada a 61 días de presidio remitido por encubrimiento, y que a pesar de que la pena ya había sido abonada su defensa procedió a interponer un recurso de nulidad que fue rechazado por la justicia.
En tanto, el otro comunero acusado, también por autoría, Facundo Jones Huala, sigue en paradero desconocido.
En concreto, García Quintul está acusado de autoría del delito y la Fiscalía pide para el una pena de 10 años de cárcel, acusación que no obstante rechaza la defensa del comunero, representado por el abogado Pablo Ortega, quien en declaraciones a RBB acusó vulneración de las garantías del comunero en referencia a una arista de la investigación que fue desechada y que apuntaría a otras personas.
Cabe recordar que el proceso investigatorio fue altamente cuestionado por entre otros el hecho de que un gran porcentaje de las pruebas obtenidas fueran escuchas telefónicas obtenidas por la ANI, figura restringida a procedimientos dirigidos contra grupos terroristas, conflictos de estado o narcotráfico y cuya solicitud de intervención es prerrogativa exclusiva del Fiscal Nacional y no del regional, como fue el caso. El conjunto probatorio fue excluido por el Tribunal de Río Bueno por lo aquí expuesto, pero incluido nuevamente por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Las audiencias del juicio, para el que se estima una duración aproximada de dos semanas están siendo celebradas en el Tribunal de Garantía de Valdivia de 9 a 14 horas.
Criminalización de la Defensa del Pilmaikén
Desde que comenzara el proceso, no han sido pocas las voces que han apuntando a una criminalización de los comuneros levantados en defensa del Río Pilmaikén, donde se proyecta la iniciativa hidroeléctrica Osorno, que inundaría el Ngen Kintuante, espacio ceremonial sagrado para las comunidades mapuche williche, que es defendido con ahínco por los acusados del incidente sobre el que versa la causa.
En el contexto del inicio de las audiencias, la Red de Apoyo en Defensa del Pilmaikén difundió el siguiente escrito que compartimos a continuación:
La defensa del territorio sagrado Ngen Mapu Kintuante (ubicado en la ribera del río Pilmaiken en la región de Los Ríos y en donde se pretende instalar una central hidroeléctrica e inundar un cementerio mapuche) se hace cada vez más difícil y no sin varios obstáculos para las comunidades mapuche del sector.
Han sido muchos los trámites legales y burocráticos que han tenido que realizar las comunidades para frenar el proyecto genocida de la empresa Pilmaiken S.A., del sistema interconectado central (SIC) en Osorno, filial de la transnacional AES Gener.
Han recurrido a la Justicia chilena y ver si los toman en cuenta (como dice la Constitución “Chile es una República y Estado unitario…”) presentado Recursos de protección y apelación en distintas Cortes de Apelaciones (incluída la Corte de Apelaciones de Santiago) para denunciar la destrucción de la naturaleza en los alrededores del río Pilmaiken y con esto su inminente extinción como pueblo originario ancestral (pues sabemos que un mapuche sin tierra y espiritualidad no puede ser tal), siendo todas estas acciones legales desechadas por la Justicia chilena, pasando a llevar derechos Constitucionales, por nombrar algunos: “el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona” (constante hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado), “la inviolabilidad del hogar” (allanamiento a las comunidades con armas de guerra y uso desmedido de fuerza en contra de niños, pasando por alto la declaración y convención de los derechos del niño, ratificados por Chile), “libertad de conciencia”, “derecho a la libertad personal y seguridad individual”, “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, “derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas” (cuando esto ocurre aparece de inmediato la razia policial). Aquí el derecho de propiedad prima sobre cualquier otro derecho.
Celestino Córdova y Millaray Huichalaf son Machis de comunidades mapuche en el Wallmapu. Son personas elegidas por espíritus superiores, para asumir el papel de intermediario entre el mundo de los espíritus y los vivos, desempeñando el rol de curanderos tanto en lo físico como en lo psíquico y social. Ambos tienen “fama de ser la cara visible” de la resistencia de las comunidades en conflicto con el Estado y las empresas privadas.
Al Machi Celestino Córdova se le vinculó con el incendio ocurrido en Enero del 2013, en Vilcún en un fundo perteneciente a la familia Luchsinger-Mackay, el cual se encuentra cumpliendo en el penal de Temuco una pena de 18 años, juicio en que quedaron muchas incertidumbres y no operó la certeza jurídica como principio de Derecho.
A la Machi Millaray Huichalaf se le persigue por su condición de vocera del movimiento de resistencia y por ser una autoridad en la comunidad de El Roble-Carimallín, y mediante un juicio afecto a vicios e inconsistencias procesales, jurídicas y lógicas, es condenada a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo como “encubridora” del incendio que afectó a una casa en el fundo Pisu Pisué en la comuna de Río Bueno; estuvo en prisión preventiva por más de 4 meses y con medidas restrictivas por 280 días.
La acusación presentada por el Fiscal del Ministerio Público solicitaba las siguientes penas a los imputados:
Fenix Delgado: Autor del delito de Incendio, la fiscalía solicita 12 años.
Machi Millaray: Encubridora, la fiscalía solicita 4 años. Tito Cañulef: Encubridor, la fiscalía solicita 4 años.
Alex Bahamondes: Encubridor, la fiscalía solicita 5 años y un día.
Cristián García: Autor del delito de incendio, la fiscalía solicita 10 años. Enfrentará un juicio individual el 9 de Marzo del 2015
Facundo Jones: Autor del delito de Incendio, la fiscalía solicita 12 años. En Clandestinidad
El juicio comenzó con la seguridad del Fiscal Sergio Fuentes en la presentación de sus 51 testigos y 21 peritos, (la mayoría PDI y funcionarios públicos) además de las pruebas obtenidas por la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) que a pesar de haber sido rechazadas en primera instancia, luego fueron readmitidas por la Corte de Apelaciones.
La defensa por su parte rechazo todos los cargos y cuestionó la legalidad de las escuchas telefónicas, fotografías y documentos que emanaron de la ANI.
Los acusados Fenix Delgado, Tito Cañulef y Alex Bahamondes quedaron absueltos de los cargos que presentó el ente persecutor por estimar el tribunal que no hubo consistencia entre los documentos aportados en el juicio, los hechos probados y la participación no comprobada de los imputados en el caso. La acusada Millaray Huichalaf, sorprendentemente fue declarada culpable del delito de incendio al fundo Pisu Pisué en calidad de encubridora (…) razonando el tribunal que: “La responsabilidad penal de Millaray Huichalaf en calidad d encubridora no está subordinada ni condicionada por la ley a que se condene a los autores del ilícito, bastando que se encuentre acreditada la comisión del delito de incendio”, a nuestro juicio (y diversa doctrina penal) constituye una incongruencia jurídica-procesal al condenar como encubridora a una persona de un hecho que no se comprueba la autoría del mismo.
El kona Facundo Jones Huala (del Puelmapu o tierra del Este, Argentina) asumió la clandestinidad (pero la información ha sido difusa acerca de su actual paradero), entre otras cosas por no reconocer la autoridad de una elite chileno-imperialista obcecada y hambrienta de recursos naturales para entregarlos en bandeja a capitales foráneos y depredadores. No está demás decir que los mapuche cuentan con sus propias autoridades, a saber El lonko, la Machi, el Werkén, entre otros.
Por último, el peñi Cristian García Quintul se encuentra a la espera del Juicio Oral que se llevará en su contra, ya que por “error” de la Fiscalía no fue notificado legalmente y el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo fijó para este 9 de Marzo de 2015, en donde la Fiscalía está pidiendo la pena de 10 años como autor del delito de incendio.
Sabemos que el Estado chileno se autodeclara “en vías de desarrollo”, que pertenece al grupo de los países más ricos del mundo llamado OCDE, que la desigualdad en el reparto de las riquezas es aberrante y que su economía primaria y extractiva depende principalmente de la minería. Esto ha llevado a una demanda de electricidad para consumo interno de la “industria pesada” y exportarla a otros países. Las hidroeléctricas es la solución que ve el estado de Chile y su consecuente destrucción de flora, fauna, pueblos, naturaleza, etc, en nombre del “desarrollo del país”.
Exijamos entre todas y todos justicia para nuestros peñis y lamgen que permanecen secuestrados por el Estado de Chile y alcemos nuestra voz para que se escuche libertad en todos los rincones del mundo.
¡¡¡MARRICHIWEW!!!”