toda una vida en la cárcel. Y dos meses en huelga de hambre. José Antúnez Becerra es una de las personas que más tiempo de su vida ha pasado privado de libertad. Lleva 40 años entrando y saliendo de prisión por delitos contra el patrimonio. En la actualidad le quedan por cumplir 12 años más debido a que fue condenado por el motin de Quatre Camins pese a que Antúnez Becerra fue, según el testimonio prestado por la inmensa mayoría de compañeros de la cárcel, el responsable de mantener con vida a dicho funcionario durante el motín.
Cabe recordar que los malos tratos y torturas posteriores al motín fueron demostradas en un juicio hace dos años, en el que varios funcionarios de prisiones fueron condenados.
Independientemente de todo tenemos la siguiente situación: Una persona privada de libertad con una cadena perpetua encubierta debido a que el límite de cumplimiento de penas privativas de libertad de 20 años solo se impone frente a unas estrictas reglas que nos conducen a la situación actual. Sus abogadas han solicitado que se le aplique dicho límite pero aún no han obtenido respuesta. Tiene 58 años, y le quedan por cumplir 12 años más. Y está francamente desesperado ante la falta de perspectivas vitales más allá de los muros de la prisión. Eso, las ganas de vivir más allá de los muros junto a su familia actual, y la desidia penitenciaria es lo que le llevó a tomar la decisión de emprender una huelga de hambre para reivindicar algo tan básico como es que le den un permiso penitenciario y que la administración penitenciaria le posibilite realizar el programa individualizado de tratamiento. Todo ello para poder emprender el camino hacia ese horizonte legítimo de vida, primero en semilibertad, y, posteriormente en libertad. Tras dos meses de huelga de hambre ha perdido 25 kilos, tiene problemas en la vista, y problemas gastrointestinales que hacen que su cuerpo rechace el agua. Las huelgas de hambre dentro de la prisión son, no lo olvidemos, una acción de desobediencia civil extrema para visibilizar una injusticia. Y en ocasiones, ésta es una de ellas, ni siquiera parece que el esfuerzo que una persona realiza para romper el silencio y la situación de injusticia, poniendo en riesgo su propia vida, sea suficiente para ello.
¿Cómo ha reaccionado la Dirección General de Servicios Penitenciarios ante la situación?
Las organizaciones de derechos humanos hemos alertado en muchas ocasiones de que el régimen y los procedimientos en la administración penitenciarios no son propios de una democracia del siglo XXI. Y en este caso, desgraciadamente, la dirección general ha dado una clase magistral de autoritarismo amparado en vías de democracia formal.
En primer lugar, nadie de la administración penitenciaria se ha reunido con J. A. Becerra para abordar la situación, para buscar soluciones desde el diálogo y la predisposición de escuchar qué motivos y realidades le llevan a una persona a tomar una decisión tan extrema. Tampoco han planteado, hasta el momento, cumplir la legalidad y favorecer el proceso de “reinserción” de J. A. Becerra. En el fondo J. A. Becerra no está pidiendo nada extraordinario. Tan solo que se aplique la legalidad desde una interpretación garantista acorde con el respeto a sus derechos fundamentales.
En segundo lugar, el Director General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Pere Soler, ha cruzado una línea roja en un estado de derecho democrático. Hace semanas tuvimos conocimiento de que se había denegado la visita del portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Jorge del Cura, para que pudiera visitarlo en la prisión de Brians II. Prohibieron la entrada de una de las personas con un recorrido más amplio en la defensa de los derechos humanos del Estado Español sin dar ningún tipo de explicación. Por si fuera poco, la semana pasada Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB y miembro también de dicha Coordinadora, al pedir horario para visitar de manera ordinaria a J. A. Becerra una funcionaria le avisa de que en el programa informático le salta un aviso de que no puede darle hora si no lo autoriza el Director General. De esta manera supimos que la Dirección General ha vetado la visita de dos defensores de derechos humanos a personas que están presas en Cataluña. Inaudito y grave. Gravísimo. La reacción no se ha hecho esperar. Organizaciones internacionales como el Observatorio Europeo de Prisiones o la Red Eurolatinoamericana de Prevención de la Tortura han exigido al gobierno catalán que levante dicho veto.
Sin embargo, por mucho que lo intenten seguiremos ejerciendo nuestro papel de defensores de derechos humanos a pesar de que a la administración penitenciaria de Catalunya no le guste. Y esperamos poder tener cada vez más fuerza y recursos, ya que sabemos que la situación es grave y no alcanzamos a desarrollar intervenciones a la altura de las circunstancias. La dimisión de Pere Soler, como Director General de Servicios Penitenciarios debería ser inmediata. Ha traspasado una línea roja.
Por otro lado, la solidaridad con la situación con J. A. Becerra no se detiene y esta misma mañana un grupo de personas solidarias se han descolgado del mismo hospital penitenciario donde ayer fue trasladado. Y acabo con unas palabras de José que trasladó telefónicamente y que se han difundido a través de un video. “Quiero decirle a toda la gente buena que esta decisión que tomo, la tomo porque no quiero sufrir más. Mi sufrimiento, que llevo continuo, es insoportable. Por eso tomo esta decisión, para que me dejen morir dignamente”. Pero aplicando la ley desde el profundo respecto a los derechos humanos y con voluntad política, esta situación podría revertirse inmediatamente. Esperemos que así sea.