Contra las condenas a 8 personas del Tribunal Supremo a 3 años de cárcel por la participación en las movilizaciones del 15 de junio de 2011 frente al Parlament de Catalunya; contra la cárcel preventiva y sin fianza y los cargos de terrorismo a personas detenidas en la Operación Pandora y las recientes detenciones de la Operación Piñata; contra las condenas de los detenidos en las protestas contra el desalojo de Can Vies en Barcelona el pasado año; contra las detenciones de los integrantes de Distrito 14 y Frente 202 por luchar contra los desahucios; ….. Contra la criminalización y la persecución de los que se organizan y luchan contra las inusticias, Stop Represión Granada convoca a una movilización dentro de la jornada de solidaridad estatal con lxs condenadxs. El próximo sábado 11 de abril, nos vemos en Plaza Nueva a las 12h para mostrar nuestro apoyo a lxs compañerxs condenadxs y nuestro rechazo al sistema judicial represivo y desigual que ataca las libertades y los derechos de las personas.
YO TAMBIÉN ESTABA EN EL PARLAMENT, Y LO VOLVERÍA A HACER
YO TAMBIÉN SOY ANARQUISTA
YO TAMBIÉN LUCHO POR EL CANVIES DE MI BARRIO
YO TAMBIÉN LUCHO CONTRA LOS DESAHUCIOS
CONTRA SU INJUSTICIA Y CRIMINALIZACIÓN, NUESTRA LUCHA Y DIGNIDAD
Comunicado de lxs condenadxs por Aturem el Parlament:
El 15 de junio de 2011 (15J) nos movilizamos ante el Parlamento de Cataluña miles de persones, diversas, de multitud de lugares, edades y tendencias políticas con un grito en común: alzar nuestra voz ante los políticos para aclararles que no nos representan y que no tienen legitimidad alguna cuando toman decisiones en contra de los intereses de la mayoría. Estamos hablando de derechos básicos y de negligencias estatales que atentan contra la dignidad de la gente, limitándole su capacidad de crítica y expresión.
La calle es nuestro espacio donde llevar a cabo las luchas, el diálogo, el hermanamiento de clase, las sinergias y la expresión de nuestras reivindicaciones. El operativo policial del 15J estuvo expresamente diseñado para criminalizar al movimiento 15M debido al desprestigio mundial de la Generalitat que provocó el desalojo de Plaza Cataluña. Felip Puig, Consejero de Interior, consiguió que aquellos parlamentarios atravesaran entre la multitud indignada que protestaba. Centenares de personas interpelaron a los políticos sin que ninguno de ellos sufriera daño alguno. Los Mossos d´Esquadra nos detuvieron aleatoriamente y motivaron a los políticos para que denunciaran. La investigación policial ha sido ridiculizada por la Audiencia Nacional pero la denuncia inicial de falta de garantías en la investigación policial que denunciaron nuestras abogadas –detenciones innecesarias, fotografías y ficheros, informes alevosos…- nunca ha sido reconocida. La Audiencia Nacional nos juzgó, y en el juicio se evidenció cómo funciona la maquinaria judicial así como la carencia de argumentos en las acusaciones. Pese a las dificultades, la solidaridad y el apoyo mutuo no cedieron en ningún momento y se desplegaron acciones de protesta por todo el Estado. La sentencia nos absolvió porque entendió que no hicimos nada especial ni más grave que lo que hizo la multitud con arrojo y lucidez. Aquel día se llevó a cabo uno de los mejores señalamientos a los responsables políticos de la desmesura económica y social. Aquel día se cristalizó la dignidad, una mirada crítica y radical ante una clase política vendida a los deseos del sistema capitalista. Y una actuación inteligente como aquella debía atacarse con lágrimas falsas, integridades físicas y un sinfín de mediocridades relatadas. Un encarnizamiento institucional y mediático contra una acción que la sentencia de la Audiencia Nacional calificó como hecho leve. La sentencia absolutoria lanzó un estacazo a aquellos que se creen superiores y están protegidos por sus altas esferas de Estado. Reconocía ante su acostumbrada impunidad que el derecho penal no puede limitar libertades sociales ni el derecho de la ciudadanía a expresarse, por supuesto más allá de la democracia formal, representativa y parlamentaria. Según esta sentencia absolutoria –y para nuestra sorpresa- la crítica en la calle, su expresión popular, es la base del pluralismo político. Según ella, los movimientos sociales deben contar con un altavoz para sus reivindicaciones y manifestaciones, y esa herramienta autónoma y autogestionada son las plazas y las calles. Desde donde podemos controlar a quienes nos controlan. Ahora el Supremo, buscando el precedente ejemplarizante que no concedió la Audiencia Nacional, nos condena aleatoriamente a unas cuantas encausadas. Esta nueva sentencia contradice todas las garantías legales y el criterio del Tribunal de Derechos Humanos de “procedimiento justo” y proporcionalidad. Es sencillamente una aberración jurídica. Se nos condena a tres años, pese a sentenciar que no hemos cometido ninguna agresión, porque participábamos de la voluntad general de parar el Parlament. De evitar a toda costa un paquete de medidas antisociales e inhumanas. El mensaje ideológico que nos transmite es muy claro: tolerancia cero a la implicación popular directa fuera de los cauces representativos, fuera de los canales de adoctrinamiento. Quien ose protestar, será duramente castigado. El caso Parlament no sólo nos afecta a las condenadas, que tenemos que afrontar el riesgo de entrada en prisión a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo o de Derechos Humanos nos acabe dando la razón y condene al Estado Español una vez más por la vulneración de los derechos fudamentales. Nos condena a todas porque rebaja los límites de la protesta permitida, junto a las últimas reformas legales como la Ley Mordaza. Todas somos objeto de su represión, todas estamos en el punto de mira de un sistema que esperemos esté dando sus últimas bocanadas de aire: indignadas, sanitarias, maestras, estudiantes, paradas, migrantes, hipotecadas… Esta condena nos lleva a denunciar y luchar aún más contra el capitalismo, salvaje y catastrófico, la maquinaria represora, la desigualdad social, la corrupción intrínseca… hasta que no quede ni una miga de la estructura que permite estas barbaridades. Esta condena sienta un precedente que corta de raíz el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. El artículo 498 del código penal, de tintes fascistas, no se ha aplicado nunca en nuestro territorio. Y tenemos el firme propósito de que siga así siempre, guardado en el cajón de las atrocidades hasta que consigamos erradicarlo. Considerar delito nuestra voz, la de la contracorriente y la dignidad, es declararnos ya la guerra institucional. Los guardianes del orden y la ley contra la voluntad popular y sus esperanzas de un sistema más justo. Nuestra solidaridad es nuestra mejor arma. Os necesitamos para detener el ingreso en prisión. Nos necesitamos.