En la ‘sociedad terrorista’ reina un terror difuso. La violencia permanece en estado latente. Las presiones se ejercen desde todas partes sobre los miembros de la sociedad; les es sumamente difícil librarse de ellas, apartar su peso. Cada uno llega a ser terrorista y su propio terrorista; cada uno aspira a llegar a serlo ejerciendo (aunque sea por un momento) el Poder. No hay necesidad de dictador; cada uno se denuncia a sí mismo y se castiga (…) el “sistema” se apodera de cada miembro y lo somete al conjunto, es decir, a una estrategia, a una finalidad oculta, a metas que sólo los poderes de decisión conocen, pero que nadie pone después en duda seriamente” . (Henri Lefebvre)
I.- Caso Bombas 1 y Caso Bombas 2
Se ha dicho que “segundas partes nunca fueron buenas”. El caso bombas de la Nueva Mayoría (o “caso bombas 2”, para diferenciarlo del anterior que tuvo lugar entre los años 2009/2012) parece hasta ahora desmentir dicho refrán. El poder parece haberse cobrado una revancha importante contra el enemigo interno difuso que se le ha presentado y contra el cual, pese a una represión permanente no exenta de bajas (basta con revisar el número de presos anarquistas o subversivos de los últimos tiempos), cundía la sensación de que los persecutores salían derrotados una vez tras otra. Dicha “derrota” nunca fue total, como lo prueban los importantes y evidentes efectos incluso a nivel psicogeográfico que tuvo el golpe represivo de agosto de 2010 conocido como “operación salamandra” al sacar de circulación a varias personas y “centros sociales” ubicados en determinados puntos de la ciudad. En rigor, la “derrota” de los aparatos represivos del estado se verificaba en el momento del juicio (es decir, concluyendo formalmente el circuito de criminalización concreta activado), sea porque los acusados eran totalmente absueltos (Caso Bombas 1, Víctor Montoya) o por resultar condenados pero no por delitos terroristas (Luciano Pitronello y Hans Niemeyer: encontrados culpables de delitos de daños más infracción a la lay de control de armas y explosivos; o Carla Verdugo e Iván Salinas: condenados exclusivamente por porte de bomba). Lo que fracasaba entonces no era la capacidad inicial de aplicar con todos sus efectos la normativa especial antiterrorista, tanto a través de los medios como del sistema penal formal, sino que la posibilidad tan anhelada de convertir esos procedimientos iniciales en condenas por delitos de terrorismo. En todo caso, en el “caso bombas 2” no podemos perder de vista que generalmente al inicio de esta fase de la criminalización siempre son los persecutores oficiales los que tienen la sartén por el mango, y que cuando estos casos se desinflan suele ser al cabo de varios meses en que la prensa da por solucionado el tema y en que os sospechosos están siempre sometidos a largos períodos de privación de libertad.
II.- Nuevos ingredientes y los que se repiten el plato
En el nuevo conglomerado represivo hay actores que cambian y otros que se mantienen. Siguen siendo actores principales fiscales como Guzmán, Barrios y Toledo. Los 2 primeros ya se destacaron durante el Caso Bombas 2010/2012 como mentirosos profesionales que venían de la misma escuela de Peña (caído ignominiosamente y gran ausente del show actual). El 3ro alcanzó a intervenir en el juicio contra Hans Niemeyer (donde culminó sus alegatos citando a Jaime Guzmán), y también contra Víctor Montoya. Pese a que en ninguna de sus incursiones se pueda decir que les fuera muy bien, este trío de pelmazos ha sido coronado ahora como los encargados oficiales del antiterrorismo en Chile, y el Estado se prepara a conferirles nuevos y reforzados super poderes (además de aumentarle bastante las provisiones de dinero, única manera de compensar la imposibilidad de aumentarles el coeficiente de inteligencia). En todo caso, dado que la sentencia absolutoria de Montoya fue anulada dos días después de la bomba en Escuela Militar, la prensa ha informado que Toledo ha pasado a segundo plano en los procedimientos más recientes, por encontrarse preparando el segundo juicio, mientras su lugar operativo ha pasado al fiscal Claudio Orellana. (NOTA mayo 2015: después a Toledo, aka Toleso, lo sacaron cagando por haberse atrevido a criticar la gestión del Caso Bombas 1, a pesar de que como ningún otro sabueso tuvo resultados casi inmediatos -con una ayudita del FBI- en el Caso Bombas 2. ¡Brillante demostración de la estupidez de clase que aqueja hoy a la nueva burguesía!).
También se aprecia continuidad en el accionar de la DIPOLCAR, y de la mano de la Nueva Mayoría se reposiciona como hombre clave al mafioso sicópata que es Bruno Villalobos, quien ha sido ungido como flamante “Director Nacional de Inteligencia, drogas e investigación criminal”. Los partidos de la Nueva Mayoría, incluyendo al partido socialdemócrata que insiste en autodenominarse “comunista”, ya olvidaron los tiempos en que se reían del “Fracaso bombas” y cuestionaban la Ley Antiterrorista. Muy por el contrario, desde el Gobierno, el parlamento, y sus medios de comunicación, aplauden ahora esta nueva cacería y consiguieron que una reforma legislativa que en sus inicios hasta esbozaba la posibilidad de derogar dicha normativa, ahora tiene por fin hacerla “más operativa”.
La única diferencia más notoria en este plano ha sido que los viejos estalinistas renovados del “PC” de Chile se muestran más reticentes a la idea de generar una agencia de inteligencia todopoderosa con capacidad operativa a través del uso de “agentes encubiertos”. Sin embargo, tras un reclamo casi unánime en el mismo sentido, hasta a editorial de La Tercera (ver la del día 19 de septiembre) ha reconocido que en realidad de lo que se trata de es de encarcelar “terroristas”, y que el debate había estado excesivamente centrado en reformas legislativas, siendo que en rigor todas estas posibilidades de actuación represiva especialmente intensa ya existen en el derecho vigente. Lo importante es saber aplicarlos.
III.- Bomba en la sanguchería
Una detonación en el subcentro de la estación de metro Escuela Militar ha servido de excusa perfecta para que la comparsa antiterrorista se vea respaldada y relegitimada por todos los sectores políticos y de la ciudadanía. Era lo que esperaban y venían anunciando con fuerza desde hace tiempo, sobre todo en boca de pelmazos como Gonzalo Yusseff, síntesis perfecta de instinto de clase, estupidez profesional y fanfarronería política que desde los tiempos en que reemplazó por unos pocos años a Gustavo Villalobos en la cabeza de la ANI, única agencia de inteligencia del mundo que es capaz incluso de citar cumbes de inteligencia con gran cobertura periodística en directo. El “ataque anarquista contra personas” es la profecía autocumplida de estos expertos en inteligencia, y ha permitido aplicar un tapabocas a todos los sectores que insistían en que en Chile no hay terrorismo.
IV.- Adjudicaciones (de acciones que no hablan por sí solas)
Pero la verdad es que se sabe poco aún de lo que en realidad pasó en Escuela Militar el 8 de septiembre, y una de las dudas más grandes la pone un “comunicado de adjudicación” dado a conocer curiosamente el mismo día de las detenciones, y no desde los sitios que tradicionalmente los han dado a conocer, sino que en un blog trasandino. Sobe este comunicado poco se ha dicho en la prensa y no fue siquiera mencionado en la formalización efectuada el 23 de septiembre, donde 3 personas fueron acusadas de 5 delitos terroristas, quedando 2 de ellas en prisión preventiva por un período inicial de investigación que se fijó en 10 meses.
Pese a las dudas que genera la procedencia y ocasión de aparición de dicho texto, lo cierto es que se plantea ahí que hubo un llamado de aviso a Carabineros hecho más de 10 minutos antes de la hora programada para la detonación, sin que se haya realizado operativo alguno de seguridad y evacuación del lugar. De ser efectivo ese dato, se haría más difícil llegar y admitir que se trató de un acto cuya finalidad era la de dañar transeúntes, y de paso se pondría en evidencia a lo menos una gran negligencia por parte de la policía, eso si es que no resulta que en definitiva nada se hizo porque para el Poder era precisamente un atentado con “víctima aleatoria” lo que estaba atando para poder aspirar a lograr ¡al fin! una condena por delito terrorista.
V.- Ideología de la represión
En esta arista del funcionamiento del sistema penal actual, podemos comprobar que si bien la represión atiende supuestamente al tipo y gravedad de los hechos delictivos de que se trate, y el buen derecho penal burgués tiene prohibido el accionar como “derecho penal de autor”, a sus agentes les resulta imposible reprimir sin acudir a la invocación de algún tipo de criminalidad “grupal”, que es lo que les posibilita realizar una forma de criminalización política que la distingue claramente de otras formas “normales” de criminalización.
En un primer nivel, esto es bastante evidente cuando tras años de sostener (en consonancia con la vieja Ley 18.314 en la forma en que rigió de 1991 a 2010, es decir, la Ley “concertacionista” de conductas terroristas) que “toda colocación de explosivos en sí misma es terrorista”, ante la avalancha de bombazos efectuados por bandas de delincuentes comunes para sustraer dinero de los cajeros automáticos, ahora resulta más o menos consensuado el que si usted entra a un banco para hacer explotar un cajero y llevarse la plata es un “robo en lugar no habitado”, en cambio si tras hacerlo explotar no se lleva el dinero, el comportamiento sería en principio un “delito terrorista”, y lo único que cabría entrar a demostrar para avalar esa primera impresión es que el o los autores tiene un “perfil antisistémico” o como se ha dicho en algunos procesos recientes, si tienen “características anarquistas”. Este perfil del anarcoterrorista ha sido elaborado pacientemente por la policía y los medios (ver por ejemplo el artículo del año 2011 en la revista Mujer de emol, sobre “cómo orientar a hijos anarquistas y rebeldes”, y a grandes rasgos incluye: vestir de negro, andar en bicicleta, ser vegetariano/vegano, y ahora último se ha agregado el hecho de vender pan integral como estrategia de subsistencia). En una breve digresión, es interesante comprobar que la decisión política de promocionar o no una determinada “alarma social” es siempre una parte importante de la política criminal realmente existente, y así, por ejemplo, a todos les parece grave la “ola de bombazos” atribuidos a los anarquistas o antisistémicos (las que sumarían alrededor de 200 bombas en 10 años: un promedio de 20 al año), pero se reacciona de maneras muy diferentes ante lo que objetivamente parece un aumento mucho más preocupante y literalmente explosivo de un comportamiento que materialmente al menos es casi igual: de 30 robos de cajeros por técnica de explosión de gas registrados en la región metropolitana el año 2013, en los primeros 9 meses del 2014 la cifra ya superaba las 280 explosiones). La política criminal en sentido amplio que se ha intentado acá es bastante diferente: modificación legal para amentar las penas por este tipo de robo en el Código Penal, creación de un Decreto 222 del Ministerio del Interior para regular las medidas de seguridad aplicables en los bancos, y últimamente el anuncio de Mamut Aleuy en cuanto a la aplicación de multas de 40 millones de pesos por cada cajero detonado, si es que el Banco en cuestión no había implementado las medidas a que lo obliga el aludido Decreto de Interior (política de “banco detonado, banco multado”).
Lo definitorio entonces no es la explosión en sí misma, sino que la finalidad para la cual ésta se usa. Por esa vía, lo que en definitiva importa es no qué se hace explotar, sino para qué, y quién lo hace.
El año 2009 era bastante llamativo el que desde El Mercurio y todos los otros satélites de producción y justificación del sentido común ciudadano (estatal y capitalista) los responsables de la ola de bombazos eran una especie de subcultura urbana que se dio en llamar “lumpen inorgánico autodenominado anarquista”. ¿Quién inventó esa categoría tan curiosa? No tenemos idea, pero es obvio que algún tipo de periodista-policía, o policía-periodista. Lo interesante es que de acuerdo a esa suma de términos tendríamos que: en cuanto a sector social de clase, se trataría de “lumpen-proletariado”; que sería “inorgánico”, es decir, no se trataría en realidad de algún tipo de “organización”; y que no se trataría tampoco de “anarquistas” propiamente tales, sino que de personas o sectores que se “autodenominan” de dicha forma. Sabemos que tras construcciones discursivas de este tipo (que puede que ni quienes las usan las comprendan muy bien) lo que estaría por detrás, o por debajo, es la presencia fantasmal del sujeto “encapuchado” que tanto obsesiona a la prensa y a las policías desde hace muchos años.
El 2010, en cambio, en una importante variación del estilo represivo, la prensa se adapta a las necesidades de la maniobra que Hinzpeter/Peña diseñan y ya a mediados de año empiezan a pavimentar el camino de la “asociación ilícita terrorista”, con leyendas que apuntan incluso a un financiamiento internacional desde una cuenta en las Islas Caimanes (figura que finalmente era falsa, pero que curiosamente sí se le comprobó en tanto “delito económico” al payaso empresaria/gremialista de Lorenz Golborne). Dicha AIT era, según se dijo a todo el país en la formalización del caso bombas 1, “informal”, “horizontal” y con “liderazgo democrático”. Su estructura y características eran tan sui generis que finalmente los propios persecutores prefirieron no arriesgarse a probar tan ingenioso Frankenstein político-jurídico en un juicio y retiraron los cargos asociados a dicha figura. Tras el fracaso de dichos esfuerzos, no se volvió a hablar mayormente de algo así, hasta las detenciones del 18 de septiembre de 2014 (iniciativa represiva que por algo se produce ese día: mediante el ejercicio orquestado de la fuerza represiva se refunda el Estado de Chile, casi como un regalo a la ciudadanía y para el Estado mismo justo para las fiestas patrias).
Raúl Guzmán, sucesor de Peña en la Fiscalía Sur y artífice de ideas tan “geniales” como la de llevar a juicio a dos personas en el caso bombas 1 por “financiamiento de asociación ilícita terrorista”, sin importarle el detalle nada menor de que esa asociación ya había sido sobreseída por la propia iniciativa de dicho jurisconsulto), no habló nunca de una nueva AIT, pero tampoco se limitó a decir la verdad: que tenían sospechas fundadas de autoría contra Juan Flores, y que justo al ir a detenerlo se encuentran con que estaba acompañado de su pareja y un amigo. No: lo que se dijo fue que se trataba de “una célula inorgánica acotada y hermética”. Vaya uno a saber qué cresta significa exactamente eso, sobre todo si a uno le parece que por definición una célula o es orgánica o es nada, pero lo que en esta fase de los procesos de criminalización importa es que las operaciones represivas se ajusten a una cierta idea de represión que es política, distinta a la del delito común (y para qué decirlo de las formas de criminalidad efectivamente organizada que se producen en el país, pero que por representar formas de valorización del capital y circulación de mercancías “lícitas” o “ilícitas”, rara vez son reprimidas mediante aparatos de persecución penal). El valor de dicha forma de retórica es evidente cuando además nos enteramos de que la “célula inorgánica” no fue capturada en su integridad, porque otras dos personas habrían quedado prófugas.
(Fin de la parte 1, redactada en septiembre de 2014).