Frágmento del documental de Alberto Vázquez donde se recogen testimonios del asalto a la comisaria.

 

 

n un acertado empeño por preservar la memoria histórica de las luchas obreras en Asturias, y en la península en general, la revista crítica asturiana Atlántica XXII en su número 38, publica un artículo titulado “El día que las gorras volaron”, acercándonos a un episodio singular de las luchas mineras durante la Dictadura. El pasado marzo se cumpliría medio siglo del asalto a la comisaría de Mieres protagonizado por un millar de mineros, familiares y vecinos con el fin de liberar a un compañero detenido en el transcurso de una jornada de protesta. Un efímero episodio que, a pesar de ello, se torna transcendental visto cinco décadas después, al revelarse como uno de los primigenios estallidos sociales que servirían, alguna forma, como catalizadores de una regenerada clase obrera dispuesta a plantar cara al Régimen. Considerado uno de los primeros actos populares masivos y violentos contra las fuerzas de seguridad desde la Guerra Civil, servirán de preludio para una última década de dictadura que vería surgir en su seno un potente movimiento obrero autoorganizado y combativo.

Asturias vendría siendo señalada por la reacción como zona de especial conflictividad, lo que se traduciría en un continuo empeño de control y vigilancia de los sectores potencialmente peligrosos para el Régimen. Entre los golpistas existía una opinión bastante extendida que señalaba directamente la Revolución del 34 asturiana como el verdadero inicio de la rebelión obrera en España, y la consecuente Guerra Civil. Tras el conflicto, y la derrota de Asturias aislada del resto del bando antifascista en mayo del 37, se iniciaría una brutal y salvaje represión con un único y primordial objetivo, el escarmiento y venganza hacia la resistencia asturiana. Declarada como zona de guerra, incluso hasta algunos años después del final de la contienda, se iniciaría una permanente militarización de la región, asentando numerosos destacamentos del ejército y Guardia Civil con el único fin de erradicar cualquier foco de rebelión en la zona. Fosas, ajusticiamientos, paseíllos, desaparecidos y encarcelados barrerían durante años hasta el último rincón asturiano, dejando el terrible saldo de al menos 20.000 asesinados por el franquismo oficialmente recogidos con nombres y apellidos, que se estima podrían llegar a ser realmente alrededor de 35.000. Prácticas que incluían, por ejemplo, la quema de personas vivas o el agarrotamiento de los condenados de forma pública en plazas ante la mirada cómplice de sádicos asistentes falangistas, caciques, curas y beatos. La declarada como operación de limpieza asturiana abriría miles de consejos de Guerra y cárceles o campos improvisados por toda Asturias.

Sin embargo, el foco asturiano, y en concreto el siempre combativo sector minero, continuarían siendo un importante quebradero de cabeza para el Régimen. Entre movilizaciones, encierros y protestas, particularmente en los años 57 y 58, finalmente estallaría la huelga de la minería en otoño del 62. Aún ilegales, sería una de las primeras huelgas con participación y repercusión masiva en España, mostrando un ejército de 50.000 mineros como la fuerza obrera más combativa y preocupante para el Régimen. . Un auténtico desafío al orden franquista que sería brutalmente reprimido, incluidos no sólo los propios mineros y trabajadores participantes en la huelga, sino sus familiares, amigos o cualquier al que pudiera achacársele la más mínima relación o simpatía con estos. El clima de enfrentamiento permanecería a lo largo de todo 1963, y se incrementaría más aún con el despido en 1964 de 450 mineros por su actividad política y sindical contra el Régimen. Condenados, además, a no poder ser contratados por ninguna otra empresa, los mineros y familiares crearían los llamados Fondos de Resistencia de Solidaridad Obrera, únicos medios de subsistencia de los despedidos gracias a la aportación de sus compañeros.

Tras varias asambleas previas, convocadas por la Comisión de Despedidos de la Huelga, convendrían la celebración de una gran manifestación en Mieres para el 12 de marzo del 65 exigiendo la readmisión de los compañeros. Precisamente, serán es estos primeros años de conflictividad minera tras la guerra, donde se desarrollará una novedosa forma de organización, las llamadas Comisiones Obreras, gestionadas por los propios trabajadores desde la base al margen del Sindicato Vertical, hasta ese momento único organismo legal de reclamación obrera, obviamente vinculado con el Régimen. Estos consejos u estructuras, surgidos de forma espontánea, y casi natural, fruto de la necesidad de los trabajadores de poner en común sus luchas, objetivos, fuerzas y estrategia, tendrían su primera expresión en la mina de La Camocha, Gijón, en 1957, curiosamente formada, entre otros, por el falangista y ex combatiente de la División Azul Gerardo Tenreiro. Lejos de la anécdota, la importancia de la aparición de las Comisiones comenzaría al convertirse algunas de ellas, creadas en los pozos de forma puntual ante determinados conflictos, en estructuras permanentes en las que los trabajadores encontrarían la capacidad de gestionar sus propias luchas sin intermediarios y al margen del control franquista. Las comisiones y las asambleas se extenderían poco a poco al resto de tajos, permitiendo la restructuración del movimiento obrero y haciendo factible los años dorados de éste, al final del franquismo y principio de la monarquía. Por supuesto, el devenir de buena parte de esas comisiones provocaría su instrumentalización e institucionalización por determinados sectores que terminarían por consolidar el sindicato del mismo nombre con ya escasa relación con su origen, sin que por ello no se otorgue el merecido reconocimiento de la repercusión de su nacimiento en el seno del movimiento obrero autónomo y asambleario ibérico.

Situándonos, en la mañana de los hechos, Mieres inicia la jornada plagada de pequeños grupos reunidos en bares, calles y plazas a la espera de la señal convenida para comenzar la manifestación ilegal. Las autoridades ya se encontraban desde hace tiempo prevenidos y una sección de la Policía Armada y la propia Guardia Civil de la localidad permanecen acuartelados a la espera de órdenes. Al lugar se desplaza el jefe de la Brigada Político Social en Asturias, Claudio Ramos, personaje conocido y odiado entre los trabajadores, promotor de métodos de tortura y represión en la policía asturiana. Su presencia se considera toda una provocación. Con las primeras movilizaciones, al desplazarse los grupos hacia la Casa Sindical, será detenido, durante un encontronazo con inspectores de la policía al intentar evitar la detención de un compañero, José Ramón Fernandez Alvarez Teverga, uno de los despedidos en 1964. También llegan las noticias de la detención de los principales miembros de la comisión organizadora de la manifestación a primera hora de la mañana, calentando aún más los ánimos.

A las 15:30, alrededor de un millar de personas desafían al régimen en los alrededores de la susodicha Casa Sindical, algunos llegados en autobús desde localidades cercanas a pesar de un fuerte dispositivo policial para tratar de impedirlo. Al llegar la Policía Armada, los manifestantes entrarán en tropel en el edificio, donde, tras encendidas proclamas, muchas de ellas de las mujeres de los despedidos (no en vano, las mujeres adquirirían una labor principal desde la huelga del 62 al situarse en primera línea de las movilizaciones mineras), se acordará unánimemente el asalto a la comisaria para liberar a Taverga y los demás detenidos, que se creen encerrados en ésta. A ellos se unen grupos de estudiantes que calientan el ánimo insultando a la policía. De paso, los manifestantes harían una breve visita al Cabo Blanco, jefe de los municipales y famoso por su afición al golpe fácil, encerrados en el ayuntamiento. La muchedumbre llegará finalmente a la comisaria, en cuyo interior únicamente se encuentran dos inspectores y un policía armado que defenderá la puerta a porrazo limpio de los intentos de asaltar el edificio. A toque de silbato llegarán las primeras cargas desde el exterior. Apenas doce minutos durará la reyerta que pronto tomará cariz de alboroto transformándose en una batalla cuerpo a cuerpo a puñetazo limpio. Decenas de manifestantes ensangrentados tirados por el suelo y todo tipo de pertenencias policiales, incluidas gorras, relojes, trozos de uniforme… sería la imagen final tras conseguir hacer retroceder a los vecinos. Algo después llegarán refuerzos de Oviedo, que aún tendrán tiempo de repartir algunos golpes entre los grupos dispersos por el pueblo.
Taverga, ajeno a lo ocurrido, será liberado a las cuatro de la madrugada, impresionado por la imagen de cristales rotos, piedras y palos dispersos por los alrededores de la comisaria, sin ser consciente de los sucesos que su detención había desencadenado. Al día siguiente comenzarán las detenciones, sobre todo gracias a las listas de los muchos heridos que tendrían que acudir a la Casa de Socorro. Ramos y los suyos harán gala de su fama durante los interrogatorios donde los detenidos sufrirán todo tipo de vejaciones y torturas. Algunos de los más activos durante la protesta tendrán que huir al exilio, incluso algún familiar o amigo acusado de protegerle.

Los mandos y varios agentes que intervendrían en la actuación policial serán posteriormente condecorados, presentados como victoriosos por su capacidad de resolver la complicada situación. Sin embargo, a pesar de la derrota física, por otra parte lógica ante la desproporcionada descompensación de fuerzas, muchos considerarían la jornada y el asalto como una autentica victoria moral. Si bien contrasta la repercusión del suceso dentro de Asturias, donde muchos, por un momento, creyeron incluso ver los primeros indicios de la caída del Régimen, éste supo hacer pasar desapercibida la noticia en el resto del Estado. Por tanto, seriamos ingenuos si habláramos de aquella jornada como impulsora de un cambio, pero sí que, de alguna manera, supuso el primer acontecimiento rastreable donde vislumbrar un cambio de actitud emergente. Un paso ineludible de la España del miedo y del silencio hacia los años de las huelgas, las protestas y los abiertos enfrentamientos contra el franquismo por parte del pueblo. Aquel aparentemente intrascendente desafío marcaba el comienzo de la agonía del Régimen que aún se mantendría durante una década. Una década, eso sí, marcada por centenares de movilizaciones obreras, vecinales, estudiantiles y sociales. La imagen de la España unida se tambaleaba, mostrando, cada vez con mayor descaro, evidentes y clamorosas reivindicaciones por todos los rincones.

Durante algo menos de un mes, el clima en la región permaneció tenso, estallando pequeños conatos de movilización en distintos puntos, todos ellos rápidamente reprimidos por la autoridad. Brigada Social, Ramos y los suyos se cuidarán de aplacar cualquier conato de reunión, propaganda o protesta, así como de perseguir a posibles agitadores ya conocidos por su actividad, muchos de ellos, de nuevo, sistemáticamente torturados o empujados al exilio. Muchos de los represaliados no conseguirían ser readmitidos hasta los encierros en el Pozo Llanes de 1967, y, en cualquier caso, no verían restituidos completamente todos sus derechos hasta la aplicación del Real Decreto ley sobre Amnistía de 1976.

Afortunadamente, éste y otros muchos episodios de la historia y testimonios asturianos, han sido ampliamente recopilados por el ilustrador y documentalista de Mieres Alberto Vázquez en el compendio de seis documentales titulado “Poca ropa, la llucha contra la dictadura franquista en Mieres” (2008), dividiendo el material audiovisual entre diferentes temáticas como la revolución del 34, el 36, la guerrilla, la memoria, las huelgas…
A lo largo de los años de dictadura, tras la cruel venganza ejercida sobre los vencidos, se grabaría sobre Asturias y los asturianos, especialmente golpeada como “nido de insurgentes” aunque obviamente no de forma exclusiva, una memoria negra donde lúgubres comisarías y oscuros personajes se implantarían en la memoria colectiva con temor. Recientemente, ha salido a la luz personajes como Antonio Gonzalez Pacheco, alias Billy el Niño, como exponentes de esa salvaje autoridad en la sombra, y de sus prácticas crueles y abusivas, que la memoria colectiva siempre ha recordado. Gonzalez pasaría también por Asturias entre el 74 y el 75, famoso en el lugar por correr el rumor de que en una ocasión llegaría a sacar su pistola en el transcurso de una manifestación, pero no sería ni de lejos el que más calaría en el recuerdo. Ya mencionamos a Claudio Ramos, responsable final de las torturas y prácticas contrainsurgentes de los años más duros, el comisario jefe en Asturias de la BPS (Una BPS, por cierto, creada en 1941 tras la instrucción proporcionada a los agentes españoles por el oficial de las SS y la Gestapo Paul Winzer). O su mano derecha y autentico ejecutor, Ramos no solía mancharse las manos en estos menesteres, el Inspector de la BPS Pascual Honrado de las Fuentes, una autentica bestia capaz de derribar a un prisionero de un puñetazo en el hígado. Muchos de ellos camparían a sus anchas por el régimen practicando todo tipo de tropelías desde ya los años 40 hasta su misma jubilación. Personajes como El Amarillo, El Canario, El Sevilla, Garrido… o algunos de los más veteranos como Sandoval, Severino, Buznego… que forman parte de esa memoria negra. A su vez, se encargarían de enseñar a sus pupilos y sucesores que actuarían a placer, particularmente en los oscuros años del ocaso del franquismo y durante la Transición convenientemente silenciada u olvidada en ciertos aspectos. Torturas, registros, palizas que sustituirían como métodos favoritos a los viejos de postguerra, como las descargas eléctricas o colgar al detenido de los brazos durante días, aunque sin olvidarlas completamente.

De nuevo, Atlántica XXII, en su número 33, publicaría un amplio dossier sobre los torturadores en Asturias, y su impunidad con el paso del tiempo. Desde 2010 existe abierta en un juzgado argentino la única causa en el mundo contra los crímenes franquistas, desde la que se ha pedido la inmediata detención y puesta ante la jueza de 19 cargos de la dictadura. Sin embargo, España se ha negado tajantemente a la extradición de éstos, además de obstaculizar permanentemente cualquier investigación al respecto. Incluso la propia ONU ha tenido que dar un toque de atención al gobierno español recordándole su obligación de cooperar en la investigación de cualquier crimen de lesa humanidad, en concreto los cometidos por el franquismo. Y es que la realidad evidencia que al llegar la democracia, no sólo no se depuro a los maltratadores y franquistas de los cuerpos de seguridad, sino que muchos de ellos fueron “premiados” con ascensos y promociones profesionales durante los gobiernos de UCD y PSOE.

El propio Pascual Honrado, autentica bestia negra de los antifranquistas, figura como encausado en el proceso iniciado por la jueza argentina María Servini. A pesar de todo, éste fue condecorado en varias ocasiones y llegó a ser Comisario de Avilés. El otro asturiano que aparece en la causa por crímenes contra la humanidad es el Teniente Coronel de la Guardia Civil Caro Lería, conocido como el Capitán Caro, destinado en la región para reprimir y buscar a los líderes de la huelga del 62. Tras el franquismo continuo su carrera militar como comandante de la Guardia Civil en Málaga, vinculado además al intento de golpe de estado de Tejero. El infiltrado de la BPS en Oviedo y salvaje torturador Antonio Garrido fue nombrado jefe superior de policía por José Barrionuevo y recientemente ha sido galardonado con el título de “Comisario Honorífico”. Otro policía de la BPS, como Julio Bregón llegó a ser Director General de Interior en 2002. La lista sería interminable, demostrando la deuda moral y legal que la democracia tiene aún hoy con las víctimas del franquismo.