Cuatro años después del desalojo y derribo del centro social Kukutza, 19 personas van a ser juzgadas por desórdenes.
Del 14 al 16 de septiembre, 19 personas serán juzgadas en Bilbao acusadas de desórdenes públicos en el marco de las protestas por el cierre y derribo, en septiembre de 2011, de Kukutza III, el centro social que, durante 13 años, fue espacio para colectivos y vecinos del barrio bilbaíno de Recalde. La mayoría se enfrenta a penas de 18 meses de cárcel, pero para algunos de ellos la Fiscalía pide hasta cuatro años y medio de prisión. Éste será el segundo juicio por las protestas en defensa del centro social.
El pasado febrero, las 23 personas detenidas dentro del edificio por agentes de la Ertzaintza fueron absueltas del delito de usurpación del que las acusaba la Fiscalía –uno de ellos fue condenado a tres años y medio de cárcel por atentado a la autoridad y la sentencia está recurrida–.
A la mayoría de estas 19 personas la Ertzaintza las acusa de quemar contenedores y de haberles arrojado objetos durante las protestas del viernes 23 de septiembre de 2011. Sin embargo, según señala el abogado, todos ellos fueron detenidos a las 17h, media hora antes de que comenzara la manifestación que terminó con varias decenas de contenedores quemados en el barrio de Recalde.
“Fueron los que tuvieron la mala suerte de tropezar y caerse, y la policía los cogió”. Como únicas pruebas, Iñaki Carro, abogado de los encausados y de la Oficina de Okupación de Bilbao, explica que sólo se cuenta con el testimonio policial y los atestados, escritos ocho horas después de las detenciones.“Con ellos quieren dar un escarmiento, porque buena parte del barrio se atrevió a intentar defender por primera vez en Bilbao un centro ocupado frente a su desalojo”, dice.
“La versión oficial de la Consejería de Interior es que se intentó desalojar Kukutza y hubo una respuesta muy violenta, pero eso es contar la historia por el final –señala Carro–. Es importante saber lo que pasó el miércoles para entender qué pasó el viernes”.
El 21 de septiembre de 2011, a primera hora de la mañana, comenzó el desalojo de Kukutza III. Durante las seis horas que duró, la policía cargó contra todo aquél que se acercó a la zona. “La poca gente que intentó concentrarse cerca de Kukutza fue disuelta a pelotazos, a pesar de que la orden de los altos mandos era desalojar evitando que se produjera cualquier incidente”, explica el abogado, que estuvo presente durante las tres jornadas de protesta. Los propios agentes de la Ertzaintza rompieron el cordón policial para perseguir a los manifestantes, porra en mano. En esas seis horas, los servicios médicos atendieron al menos a 103 personas a las que la policía había atacado. Se presentaron medio centenar de denuncias por lesiones contra agentes de la Ertzaintza, pero todas fueron archivadas con el argumento de que no se había podido identificar a los policías agresores, menos una, en la que las imágenes aportadas como prueba documental sirvieron para identificar al policía que propinó una patada a una chica. Los medios de comunicación criticaron la violencia policial que se vivió durante la jornada, que terminó con una manifestación, esa misma tarde, a la que acudieron alrededor de 7.000 personas, y que acabó con una nueva carga.
Cuatro años después de que se derribara Kukutza, el solar donde se alzaba el edificio sigue vacío
Al día siguiente, el debate siguió siendo la violencia policial. Continuaron las manifestaciones contra el cierre del centro social y, también, contra la actuación policial. Varios grupos parlamentarios en el Gobierno vasco mostraron su rechazo e incluso desde algún sindicato de policía se condenó la violencia desplegada el día anterior.
Cuando el viernes 23 de septiembre se dio la orden para derribar el edificio, la actuación de la policía siguió en la línea de los días anteriores. “La Ertzaintza cargó contra cualquier grupito de gente que viera, pero ahora, seguramente, siguiendo órdenes”, explica Carro. “La instrucción era liarla tanto que se pudiera justificar la violencia policial del miércoles anterior”, añade. La actuación policial, unida a la imagen de la grúa derribando el edificio de Kukutza, hizo, según señala el abogado, que la gente desatara su rabia, no contra personas, sino contra mobiliario urbano, como contenedores.
13 años de centro social
“Kukutza cambió mucho desde que se ocupó hasta sus últimos días. Al principio el barrio estaba un poco ajeno al proyecto, era un espacio muy grande y costó mucho tiempo acondicionarlo”, explica Josu, que participó en la asamblea del centro social a través de su grupo de escalada. “Cuando entramos estaba lleno de jeringuillas. El edificio llevaba muchos años abandonado”, dice.
En 1998, un grupo de jóvenes de Recalde decidió poner en marcha Kukutza III. “Por esa época prácticamente no había gaztetxes (centros sociales)”, señala Josu. El edificio elegido fue la fábrica de Cerezo, dedicada oficialmente a la producción de máquinas ordeñadoras de leche, con partes importadas desde Colombia. “La mercancía que llegaba estaba llena de droga para distribuir en Bilbao. En el local encontraron el mayor alijo, de 260 kilos de cocaína”, recuerda Josu. El propietario de la fábrica se fugó del país dejando, desde 1991, el edificio abandonado.
“Con el tiempo, se empezó a sumar más gente del barrio. El espacio consiguió tener un ambiente muy familiar”. Cada día, cientos de personas acudían a Kukutza para algunas de las actividades que acogía el espacio, desde yoga hasta un taller de mecánica, biblioteca, librería, taller de serigrafía o de teatro y circo… Actividades de ocio y cultura que, hasta ese momento, no proporcionaba ningún espacio en un barrio abandonado por la Administración. “El recorrido de Recalde traía un poco de eso consigo, ha sido muy difícil conseguir equipamiento para el barrio. Para conseguir que pusieran una línea de autobús tuvieron que secuestrar un autobús; el centro de día también se consiguió a base de protestas. La historia de las carencias del barrio está muy ligada a la apertura de Kukutza, se ocupó como una reivindicación.Era un barrio abandonado pero con mucha vida en las calles, y la gente tenía que volcar sus inquietudes en proyectos”, explica Josu.
Poco tiempo antes de la ocupación, la constructora Cobisa se hizo con el edificio en una subasta judicial, pero, según señalan desde la asamblea de Kukutza, hasta 2011 –cuando se ordenó el desalojo– en ningún momento mostraron intención de hacer nada en el edificio.
Cuatro años después de que se derribara el edificio, el solar donde se alzaba sigue vacío. “Supuestamente se iba a construir un edificio de viviendas, pero no sabemos qué ha sido de ese proyecto”. Desde la asamblea señalan que fue el Ayuntamiento de Bilbao el que impulsó el fin del centro social. “Estratégicamente para el Ayuntamiento era necesario acabar con aquello –dice Josu–. El hecho de que hubiera un espacio que moviera a tanta gente y que cubriera las necesidades que no cubría el Ayuntamiento, y de manera gratuita, molestaba. También que era una fábrica de alternativas, de Kukutza salieron cooperativas, era un laboratorio de experiencias en el que muchos colectivos buscaron la manera de gestionarse y sostenerse. Fue una importantísima herramienta de lucha”.
20 años de historia de Kukutza
1996 | Kukutza I
Jóvenes de Recalde y otros barrios ocupan un edificio vacío durante 11 años. Derribado sin previo aviso tres meses después.
Mayo 1998 | Kukutza II
El segundo centro social en el barrio de Recalde fue cerrado también pocos meses después de su apertura.
Agosto 1998 | Kukutza III
El tercer Kukutza se alojó en la antigua fábrica de maquinaria Cerezo, abandonada desde 1991.
Septiembre 2011
Desalojo a petición de la propietaria del edificio, la constructora Cobisa, 13 años después de su ocupación.
Enero 2015
Juicio a 23 personas detenidas en el desalojo, acusadas de usurpación. Se enfrentan a multas de 960 euros, y uno de ellos a tres años de cárcel.
Febrero 2015
Absolución de los 22 acusados de usurpación. El juez condena a un joven a tres años de cárcel por atentado durante el desalojo.
Septiembre 2015
Juicio a otras 19 personas acusadas de desórdenes durante el desalojo del centro social. Se piden penas de hasta 30 meses de cárcel.