(Boletín Pichikeche – editorial) En numerosas oportunidades la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Temuco han acogido recursos de amparo por actuaciones policiales que constituyen violaciones a losderechos de niños, niñas y adolescentes mapuche. Los dictámenes judiciales constatan golpizas y lesiones, niños heridos por disparos, violencia contra instalaciones escolares, trato abusivo y discriminatorio contra hijos e hijas de comuneros mapuche, y ordenan a las instituciones involucradas poner término a dichas prácticas y adecuar sus métodos operativos a la legalidad y al ordenamiento internacional que el Estado de Chile se ha comprometido a respetar.

Sin embargo, nada ha cambiado. Las comunidades que expresan sus reivindicaciones permanecen virtualmente ocupadas por fuerzas policiales, en ellas el clima de control represivo se vuelve recurrente y el temor a la barbarie de los allanamientos y de las incursiones policiales ronda permanentemente en las pesadillas infantiles y tensiona la vida de las familias.

A la fecha no se sabe de ninguna iniciativa del Gobierno o de las instituciones policiales orientada a investigar lo ocurrido y a sancionar a sus autores. Peor aún, quienes figuran como responsables de los hechos denunciados aparecen promovidos a niveles superiores de responsabilidad y de mando.

Ante la ausencia de respuesta del Estado a esta situación de impunidad denunciada tantas veces de manera infructuosa en Chile, la Alianza Territorial Mapuche (ATM), Fundación ANIDE y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) unieron esfuerzos para llevar esta causa a instancias internacionales. Fue así como el pasado 22 de octubre la realidad de lo que está ocurriendo a la infancia de las comunidades mapuche fue expuesta en una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.

En la sesión que presidió la comisionada Rosa María Antoine, el werken Mijael Carbone y las abogadas Manuela Royo, Juliana Bravo y Liliana Tojo expresaron que el Estado de Chile y sus instituciones policiales violan de manera sistemática los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de niños, niñas y adolescentes mapuche.

Expusieron que las resoluciones de los tribunales de justicia así lo reconocen y ordenan en consecuencia a las policías que se atengan a la legalidad, que respeten sus protocolos de intervención en las comunidades indígenas y que sus actuaciones respecto de los niños, niñas y adolescentes mapuches se enmarquen de acuerdo a las obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, los derechos del niño y de la infancia indígena que ha suscrito el Estado de Chile.

Plantearon también que no se ha conocido de ninguna disposición que ordene investigar los abusos y que procese y sancione a sus autores, concluyendo que esta pasividad y desinterés de la autoridad implica una total impunidad y explica que los casos de abuso se vean reiterados una y otra vez sin que haya ninguna voluntad de corregir y poner freno a este estado de situación.

Los expositores pidieron a la CIDH el seguimiento de esta situación, que ordene al Estado realizar un catastro de los niños y niñas afectados y que informe de las causas penales abiertas contra los autores materiales de violencia y contra sus responsables superiores.

La exposición se vio complementada con un video que registra algunos de los episodios  denunciados y que pone al desnudo la absoluta desproporción del accionar policial con todo su despliegue de fuerza para reprimir a personas indefensas (para ver el video pinchar el  linkhttps://www.youtube.com/watch?v=diuJ1bQNT9w).

Esta realidad dramática del pueblo mapuche es parte de una historia que la sociedad chilena no puede ignorar pero que no la sensibiliza. Sólo el clamor de las víctimas rompe el silencio en torno al dolor mapuche por la persecución y el atropello que sufren sus hijos. Mientras tanto, políticos y gremios poderosos denuncian estallidos de violencia en los campos sureños cuya autoría adjudican  a la “causa mapuche” y emplazan al Ejecutivo a reprimir y perseguir a sus responsables.

En estas circunstancias la denuncia ante un organismo que forma parte del sistema interamericano de derechos humanos surge como instancia extrema ante la ausencia de  justicia y de defensa de derechos para la infancia de un pueblo originario.

Fundación ANIDE abrió esta senda en 2011 cuando junto a ROIJ Chile llevó a la CIDH una acabada documentación de graves atropellos contra la niñez mapuche ejecutados por agentes del Estado. La misma iniciativa hoy se reitera con la esperanza de sensibilizar a quienes pueden y deben poner término al abuso y la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes mapuche.

Sin embargo, nada ha cambiado. Las comunidades que expresan sus reivindicaciones permanecen virtualmente ocupadas por fuerzas policiales, en ellas el clima de control represivo se vuelve recurrente y el temor a la barbarie de los allanamientos y de las incursiones policiales ronda permanentemente en las pesadillas infantiles y tensiona la vida de las familias.

A la fecha no se sabe de ninguna iniciativa del Gobierno o de las instituciones policiales orientada a investigar lo ocurrido y a sancionar a sus autores. Peor aún, quienes figuran como responsables de los hechos denunciados aparecen promovidos a niveles superiores de responsabilidad y de mando.

Ante la ausencia de respuesta del Estado a esta situación de impunidad denunciada tantas veces de manera infructuosa en Chile, la Alianza Territorial Mapuche (ATM), Fundación ANIDE y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) unieron esfuerzos para llevar esta causa a instancias internacionales. Fue así como el pasado 22 de octubre la realidad de lo que está ocurriendo a la infancia de las comunidades mapuche fue expuesta en una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.

En la sesión que presidió la comisionada Rosa María Antoine, el werken Mijael Carbone y las abogadas Manuela Royo, Juliana Bravo y Liliana Tojo expresaron que el Estado de Chile y sus instituciones policiales violan de manera sistemática los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de niños, niñas y adolescentes mapuche.

Expusieron que las resoluciones de los tribunales de justicia así lo reconocen y ordenan en consecuencia a las policías que se atengan a la legalidad, que respeten sus protocolos de intervención en las comunidades indígenas y que sus actuaciones respecto de los niños, niñas y adolescentes mapuches se enmarquen de acuerdo a las obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, los derechos del niño y de la infancia indígena que ha suscrito el Estado de Chile.

Plantearon también que no se ha conocido de ninguna disposición que ordene investigar los abusos y que procese y sancione a sus autores, concluyendo que esta pasividad y desinterés de la autoridad implica una total impunidad y explica que los casos de abuso se vean reiterados una y otra vez sin que haya ninguna voluntad de corregir y poner freno a este estado de situación.

Los expositores pidieron a la CIDH el seguimiento de esta situación, que ordene al Estado realizar un catastro de los niños y niñas afectados y que informe de las causas penales abiertas contra los autores materiales de violencia y contra sus responsables superiores.

La exposición se vio complementada con un video que registra algunos de los episodios  denunciados y que pone al desnudo la absoluta desproporción del accionar policial con todo su despliegue de fuerza para reprimir a personas indefensas (para ver el video pinchar el  linkhttps://www.youtube.com/watch?v=diuJ1bQNT9w).

Esta realidad dramática del pueblo mapuche es parte de una historia que la sociedad chilena no puede ignorar pero que no la sensibiliza. Sólo el clamor de las víctimas rompe el silencio en torno al dolor mapuche por la persecución y el atropello que sufren sus hijos. Mientras tanto, políticos y gremios poderosos denuncian estallidos de violencia en los campos sureños cuya autoría adjudican  a la “causa mapuche” y emplazan al Ejecutivo a reprimir y perseguir a sus responsables.

En estas circunstancias la denuncia ante un organismo que forma parte del sistema interamericano de derechos humanos surge como instancia extrema ante la ausencia de  justicia y de defensa de derechos para la infancia de un pueblo originario.

Fundación ANIDE abrió esta senda en 2011 cuando junto a ROIJ Chile llevó a la CIDH una acabada documentación de graves atropellos contra la niñez mapuche ejecutados por agentes del Estado. La misma iniciativa hoy se reitera con la esperanza de sensibilizar a quienes pueden y deben poner término al abuso y la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes mapuche.