Durante el año 2015 la Generalitat de Catalunya, a través de su consejería de salud, impulsó un proyecto con el nombre de ‘Activa’t’. Este proyecto como informa la nota de prensa del gobierno catalán trata de convertir a los familiares de personas con trastornos mentales en ‘agentes activos’ en el proceso de atención y recuperación de la ‘enfermedad’. Se trataría de ‘poner a disposición un circuito estructurado que permita el acceso a la información, formación y fomento del empoderamiento, así como el apoyo continuado con acciones coordinadas entre los recursos ya existentes de las diferentes redes que intervienen en la atención a la personas’. Un objetivo muy loable, pero sobre el que queremos reflexionar algunos aspectos que consideramos problemáticos.
En primer lugar, se trata de un proyecto que lanzan las instituciones políticas en un momento en el que los recortes sanitarios se han afianzado en nuestro sistema de salud. Desde 2008 hasta el 2015 se ha invertido mucho menos en materia de salud y eso se ha hecho notar en los recursos disponibles, tanto en lo que se refiere a camas hospitalarias o unidades de atención, como de ratio de profesionales por habitantes. Por tanto, podemos observar de fondo un criterio economicista como es el de máxima atención especializada por mínima inversión. La cosa sería que se da formación en grupo a individuos diagnosticados y familiares de éstos y ellos se las componen hasta cierto punto.
En este sentido, no es de extrañar quiénes son los colaboradores de tal proyecto. Por un lado, obviamente, la Federación Salut Mental de Catalunya, que buscan ampliar todo lo que se refiere a recursos de atención a sujetos diagnosticados cuánto sea posible. La cuestión que queremos plantear es a qué precio. Y por el otro, algo más sospechoso, algunas empresas de distintos sectores (desde financieras como La Caixa hasta tecnológicas y de management como Roca-Salvatella y La Magnética, pasando por las farmacéuticas como Otsuka, Janssen o Lundbeck, sin olvidar algunos clásicos de la alimentación como Coca-Cola o Nestlé). No olvidamos, claro, que el ámbito que permite la aplicación de dicho proyecto parte de la implicación activa de todas las instituciones políticas que lo imponen de diversas formas y en diversos grados a sus trabajadores.
Otras cuestión es el uso de un lenguaje proveniente de la crítica social de izquierdas y anarquista para adaptarlo al uso institucional en materia de salud mental, cosa que es de un cinismo impecable. Palabras como empoderamiento, tan de moda hoy día, ayuda mutua que recuerdan a aquello del apoyo mutuo del anarquismo, o autonomía, bañan cualquier texto que se refiera al proyecto en cuestión. Sin embargo, hay que retener que se trata de un proyecto que parte de las instituciones políticas en base al asesoramiento de determinados psiquiatras y psicólogos bien posicionados en la estructura sanitaria catalana. Eso es así, que no vendan lo que no es. Si las acciones enmarcadas en este proyecto tienen algún beneficio que no pase por el del marketing de un aparente horizontalismo y una autogestión engañosa. Y es que el hecho de esa dependencia institucional hace que todo el contenido del proyecto rezume un tufo característico. El olorcillo a lo incuestionable del diagnóstico psiquiátrico, de la cerrazón de oportunidades existenciales mediadas por ese mismo diagnóstico, de la merma de la validez de lo que dice el diagnosticado en los distintos ámbitos de la vida (sea familiar, laboral, académica o relacional, por decir algunos), de la necesidad de mediación por expertos frente a los avatares de la vida, etc. Es probable que el proyecto ayude en cuestiones concretas de información y manejo a determinadas personas, pero no se debe asumir como lo que se pretende en un futuro. Un programa psicoeducativo para personas diagnosticadas y familiares de éstos que diga lo que es y no es verdad, lo que se debe y no debe, lo que está bien y lo que no, a dispensar a nivel discrecional independientemente del individuo en cuestión y sus circunstancias individuales.
Así pues, y desde una perspectiva política, pensamos que un proyecto de este tipo comporta la colonización del espacio social de individuos diagnosticados psiquiátricamente por el discurso psi hegemónico que es muy cuestionable y muy poco científico (no quiere decir que no sea válido o útil en algunos aspectos) como se ha puesto de manifiesto no pocas veces en distintos ámbitos, incluido el psiquiátrico/psicológico. Ese espacio social no sólo está compuesto de personas diagnosticadas. Ese espacio social es el mismo para las personas (aún) no diagnosticadas. Ese espacio social compartido es el que asimismo se ve colonizado por un discurso que será el de todos, el común, el que nos proporciona un fondo de provisión de sentido para todos. Un discurso que conlleva la formación de unos valores determinados, de una moral concreta, y que finalmente acostumbra a cristalizar en una legislación establecida que a su vez crea las distinciones de lo legal/ilegal, implicando en buena medida la de bueno/malo, legítimo/ilegítimo.
Estas propuestas, que no olvidamos que ofrecen una repuesta parcial a las necesidades y deseos de parte de las personas con sufrimiento psíquico y sus allegados, nacen en el seno de una sociedad marcada por la biopolítica. Un control poco visible o disimulado de los discursos, realizado a distancia y mediante el control de la formación y la información. Una información que asume la molecularización del yo, la somatización de la ética, la predicción y posterior prevención de sucesos por venir basada en probabilidades. Y todo finalmente para generar un (bio)valor económico que aprovecha la industria bibomédica en sus distintas variantes (farmacéuticas, biotecnológicas, genotecnológicas…).
Como es sabido por los trabajos del último Foucault, el poder ya no es únicamente aquel poder disciplinario institucional. El nuevo poder desarrollado en las últimas décadas es un poder que se difunde mediante redes, de forma descentralizada, y mediante microtecnologías. Lo hemos visto en otros ámbito como el de prevención de la criminalidad. El ‘policía de proximidad’ sería un buen ejemplo de ello, siempre gentil, atento y dispuesto a ayudar, pero policía al fin y al cabo, con sus funciones intactas. Esa figura se ha ido implantando por todo el territorio con la voluntad de ejercer un control preventivo de conductas ilegales mediante la relación habitual con partes de la población (comerciantes, representantes vecinales, etc) y la rápida accesibilidad a los ‘agentes de seguridad’, que las más de las veces actúan como mediadores, sin olvidar su faceta represiva nunca, aunque minimizada al máximo. La sujeción se hace de esta forma menos visible, por habitual y amable.
No queremos dejar de mancionar el papel de los propios actores, las personas diagnosticadas, sus allegados y los profesionales del ámbito sanitario. Hay que decir claramente que oponerse a un proyecto de este tipo ya implica posicionarse como malo en el sentido de que se trata de un proyecto promocionado como algo que se hace frente a no hacer nada, algo que se hace contando con las personas implicadas y algo que se hace para mejorar la vida de esas personas. Lo opuesto obviamente es muy malo. Pero no se trata de una oposición sino de una reflexión necesaria. Si no se aclara previamente las instancias de dónde parte el proyecto, los financiadores de éste, el modo de implementarlo (por ejemplo tratando de obligar a los profesionales a trabajar el fin de semana para facilitar la accesibilidad), el contexto socioeconómico y político en el que nace, se llevan a cabo acciones que pueden derivar en los mismos problemas que trataba de solventar. El concepto de ‘némesis médica’ de Ivan Illich podría sernos de utilidad. Hay que saber también que la psicoeducación se ha valorado negativamente muchas veces en relación con el pronóstico de las personas diagnosticadas. Los motivos no son claros pero puede tener relación con la estigmatización por etiquetaje y la adaptación forzada a una forma de vida o la disminución del empoderamiento por individualización y somatización de cuestiones sociales y colectivas, entre otras posibilidades.
En definitiva, pensamos que se trata de un proyecto que busca paliar la pérdida de recursos en la red de salud mental por la crisis económica y la gestión política de la misma, supliéndola con la formación dirigida a los familiares y a las personas diagnosticadas de forma general y masiva, nada individualizada. Una ‘nueva’ forma de poder, el ‘pastoral’, por seguir con Foucault, que utiliza el discurso, la comunicación/información, la identificación, etc, para enmascarar la autoridad. No en vano, Nikolas Rose, aplicándo esto a la medicina moderna afirma que ‘estos nuevos pastores del soma profesan los principios éticos del consentimiento informado, la autonomía, la acción voluntaria, la elección y la no directividad’ y que ‘esas microtecnologías transforman las subjetividades de quienes deben dar o rehusar su consentimiento, por medio de técnicas discursivas que enseñan nuevos modos de traducirse y traducir las propias acciones en pensamiento y lenguaje, nuevos modos de volverse y volver las propias acciones susceptibles de juicio’. Es decir, se desdibuja el límite entre coerción y consentimiento, y se proveen los medios que constituyen el primer paso en la carrera moral de la identidad deteriorada. Ofrecer cursos para convertirse en dinamizadores de grupo de personas con enfermedad mental es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Se fomenta la enfermedad (con todas las precauciones imprescindibles cuanto a diagnóstico en las disciplinas psi) como identidad y se llega a promover el hacer ‘carrera profesional’ de ello.. Se fomenta la enfermedad como identidad y hacer de ella carrera ‘profesional’.