La mayoría de los presos sociales franquistas no eran delincuentes comunes. La dictadura necesitaba de la alarma social continuada, condicionada para el apoyo de la gente al Estado protector en un país no viajado donde la desinformación era completa. La alta burguesía y algunos de sus escalones profesionales tenían más información que el pueblo llano, respecto a su formación cualificada o académica y a la mundología que le proporcionaba su estatus social, evidenciada por la múltiple discriminación negativa o insolidaria con el resto de las personas precarias o de base.
Delincuentes del derecho común en el franquismo eran, entre otros, Vila Reyes con sus ministros cómplices y Jesús Gil Y Gil, quienes por ambición desmedida no necesitaban el pan de la sobrevivencia. Sin descartar algunos delitos de sangre por pasión u otros móviles en cualquiera de los estratos sociales, entramos en lo que pudiéramos definir “delincuencia artesanal”, desde el furtivismo alimenticio a la apropiación de bienes materiales de quien los tuviera, de muy exigua infracción ante la ideología del miedo, y que por esa vacante la dictadura necesitó de causas penales para alfombrarse con éxitos policiales, haciendo falsamente útil y del interés común el sistema penal. De esta forma cubrían las dos páginas de sucesos de la prensa franquista, más el semanario “El Caso” dedicado exclusivamente a sucesos. Era frecuente que en los medios figuraran las fotos, nombres y domicilios de los recién detenidos, no solo para provocar la exclusión por rechazo de los vecinos como pena que no tiene fin, sino también de inmediatez para que en las ruedas de reconocimiento los identificadores tuvieran las fotos antes de la prueba estafadora de la identificación en la que participaban. En esta verdad rotunda y documentable, encuadramos a la criminalidad oficial franquista. Reiteramos que la mayoría de la Columna Judicial Franquista no se acostó dictadora y se levantó demócrata en la pretensión de la violencia borbónica, sino que sus propios crímenes permanecieron y permanecen vivos, porque la jurisdicción poseía los expedientes penales, con todas las pruebas, no haciéndolos públicos para no acusarse ellos mismos. La Columna Judicial era juez y parte, la encargada de aplicar las leyes orgánicas de amnistía promulgadas por la conjura parlamentaria, omitiendo de su aplicación a la mayoría de las víctimas para no reconocer que los culpables eran ellos.
Entre los días 19 y 21 de febrero de 1977, hay un conflicto en la cárcel de Carabanchel, Madrid. Sin ninguna justificación el Estado por sus sicarios, con extrema crueldad, violencia y nocturnidad, llenaron un autobús con víctimas del franquismo, las que consideraron que eran las personas más activas de la COPEL, con la finalidad de desarticular por el terror a una organización política antifranquista que había presentado y representado los derechos humanos con la palabra. Los prisioneros franquistas fueron trasladados heridos y autolesionados a los penales sin recibir ninguna cura de las heridas. Al abrir las celdas por la mañana y contar por la identidad la ausencia de todos los secuestrados, pronto los presos iniciaron respuestas contundentes que el sistema criminal no esperaba, creyendo desarticulada a la Coordinadora de presos.
La COPEL carecía de ideología política específica, se nutría de una amalgama de todas ellas, interesaban las personas presas de todo el Estado que luchaban por los derechos comunes en las limitaciones de cada una. Carabanchel era el símbolo referencial de la represión franquista y el Hospital General Penitenciaria la capilla Sixtina del crimen científico, baluartes del abuso, y hacia allí se dirigían los presos en lucha para alterar el normal funcionamiento de la arbitrariedad.
Un grupo de quince copelianos, que renunciaron a cortarse las venas con las cuchillas de afeitar, subieron a la techumbre de la cuarta galería, llamada galería muerta porque sólo tenía construida en bruto la primera parte. Exhibieron una pancarta pidiendo el regreso de los compañeros secuestrados. Una treintena de copelianos se abrieron paso hasta el centro del panóptico y allí se cortaron las venas, quedando ese amplísimo espacio circular enrojecido por la sangre. Era la primera lucha colectiva de autolesión organizada. Tampoco reivindicaron la amnistía ni los derechos humanos, tan solo el regreso de los secuestrados.
El compañerismo era muy profundo, sólo por este afecto la COPEL no vencida luchó con el sufrimiento propio. Por la tarde, los autolesionados fueron trasladados al Hospital Penitenciario para coserles las heridas. El cambio de cárcel era un éxito, sobre todo que la COPEL no estaba destruida ante su acción directa.
El violento ataque por el Estado para destruir a las personas que dialogaban como asociación era la firma del despotismo, con la finalidad de evitar que comprometieran a las instituciones con la verdad histórica, por los sucesos vivientes en las víctimas, porque la conjura mafiosa había decidido que no existiera la verdad, taponando el único grifo organizado que desbordaba los planes de la transición que iban a falsificar con las etiquetas de “paciencia” y “modélica”, para que los protagonistas de ese cambio tuvieran una posteridad gloriosa ante Europa y ante el mundo, sin que fuesen salpicados los asesinos históricos y sus cómplices sobrevenidos y bien pagados.
COPEL, problema de Estado. Fase revolucionaria, primera lucha