Las fuerzas policiales que se mantienen en el territorio del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, han comenzado a prender parte del bosque que la comunidad defiende, así como continúan con su pretensión de derribar todas las construcciones que se encuentran en el trazado de la autopista que una la capital del estado, Toluca, con Naucalpan.

“Estamos completamente rodeados. Van a derribar un lugar sagrado que está muy cerca de dónde estamos ahorita, hay dos máquinas trabajando y ya están muy cerca de él” comentó uno de los delegados de la comunidad a Desinformémonos. El lugar es conocido como el Paraje del Zopilote (el buitre negro americano) que es un descanso de peregrinaciones en medio del monte.

Las agresiones a la gente continuaron después de que en la mañana del lunes 11 de enero, entre 600 y 800 agentes de la policía, dirigidos por Luis Enrique García, jefe del departamento del sistema de autopistas del Estado de México, sumado a personal de la empresa Grupo Higa, concesionaria para la construcción de la carretera, entraran por la fuerza a la comunidad, desalojaran la casa del también delegado Armando García y la tiraran abajo.

No sólo arrasando con el sentido común, sino con una sentencia cosechada en el tribunal 5° de Toluca, que otorgó a comienzos de Marzo, hace semanas apenas, una suspensión definitiva al juicio de amparo contra el decreto expropiatorio de las casas de la zona que “interfieren” con el pasaje de la autopista. El Juez estableció que el decreto queda nulo, “hasta que no se resuelva el conflicto de fondo” entre el gobierno del estado y la comunidad.

“Además de amenazar el lugar sagrado, están prendiendo fuego a los bosques de más adelante. A pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas esté por aquí, a pesar de que haya personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se detienen”

El desalojo y la destrucción del “castillo” como se le conoce a la casa derrumbada en el mediodía del lunes, no fueron hechos mediante ningún tipo de orden judicial, sólo por la fuerza. “La gente de la casa que derrumbar ayer durmió a la intemperie. Sí construímos una choza de madera, pero sigue siendo la intemperie” relataron.

El argumento que han dado a los comunitarios es que cuentan con un supuesto “acuerdo con el Comisariado de Bienes Comunales” y que eso junto al decreto expropiatorio, que fue publicado el 9 de Julio de 2015, por el ejecutivo federal. Sin embargo, como ya se dijo, ese decreto fue detenido en Marzo, producto del amparo interpuesto por la comunidad.
“La ley es la ley, ¿de qué documento hablan? No hubo ningún tipo de notificación formal ante nada, ni el desalojo y ni la demolición.” Relatan desde Xochicuautla que la única comunicación del gobierno federal que han tenido ha sido por intermedio de la secretaría de derechos humanos, que trataron de mantener una reunión. Tras dilatadas negociaciones, el planteo de gobernación se redujo a que el “amparo” no especifica qué predios protege.
“El amparo es muy claro, ya que protege los bienes comunales, aquí nadie tiene un predio específico. El amparo lo abarca todo.”

Además de la casa del delegado, el campamento de la Paz y la Digna Resistencia también fue atacado durante la violencia del lunes. Había sido instalado en junio del año anterior, ante una situación como la que se vive en este momento en Xochicuautla: la llegada de policía, maquinaria y prepotencia.
“En ese momento fueron las mujeres quienes enfrentaron la represión. Ellas propusieron que armáramos el campamento y los hombres las seguimos. Fue la forma que encontramos de cuidar que no estuviesen en nuestro territorio”

A las 11:30 de la mañana, los policías “encapsularon” el campamento, “en donde se encontraban en resistencia los defensores de la tierra, Antonio Reyes, Mauricio Reyes, Lucas Hernández y Andrés Hernández, miembros del Consejo Supremo Indígena Otomí. Dos de las personas indígenas, Antonio Reyes y Lucas Hernández, pertenecen al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras” según reportó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, en una acción urgente emitida a las pocas horas de lo que se relata.

¿Por qué sucede esto ahora?
“Son varias cosas. Por un lado, somos convocantes dela Campaña por la Defensa de la Madre Tierra que fue lanzada el último domingo, somos parte del Fuego de la Digna Resistencia y hace años que venimos peleando por la protección del bosque y contra el avance de la carretera. Esta es la forma que tiene el gobierno de reaccionar ante gente como nosotros”
La Campaña por la Defensa de la Madre Tierra reúne a 179 pueblos, comunidades, barrios y organizaciones de toda la República que no demoraron en alzar la voz por los comunitarios del Estado de México, y que volverán a las tierras amenazadas en caravana, este miércoles.
“Juntos vamos a buscar las acciones que vamos a llevar adelante. Así como están las cosas, la ley no sirve para nosotros. Hay que buscar maneras de resistir desde lo social”
Estudiantes de distintas normales también se dirigen a Xochicuautla para colaborar con la protección de la comunidad y brindar su apoyo.

El Fuego de la Digna Resistencia es un amplia coordinación que fundaron las centenas de personas organizadas en el Estado de México ante la aprobación de la que pasaron a llamar “Ley Eruviel”: un “reglamento” para el uso de fuerza letal en manifestaciones públicas, así como de otros elementos que hasta ahora estaban prohibidos (como los aparatos para dar descargas eléctricas) cuyo uso sólo dependerá de las jerarquías policiales que lleven adelante los operativos, dejando en las sombras al poder político, que siempre tiene un costo que pagar cuando manda reprimir una manifestación popular.

“Están pesando los compromisos que el gobierno mantiene con el constructor favorito del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y es Armando Hinojosa Cantú. Están empecinados en hacer cumplir la carretera, pero no sólo eso. Sabemos que el proyecto vial trae aparejados otros megaproyectos para la zona, sobre todo, complejos habitacionales de cabañas residenciales, hasta un club de golf, por eso el empecinamiento con pasar la autopista por el medio de nuestro bosque, de nuestro terreno ancestral. Necesitan ese espacio. Nosotros ya les hemos propuesto que pasen la autopista por el centro de la comunidad que es un terreno que ya está urbanizado, donde la afectación al ambiente no va a ser tan grave. Está claro que ellos tienen otros intereses, están empecinados en pasarla por ahí porque necesitan ese espacio.”

La solidaridad se empieza a sentir, desde las redes hasta en la presencia concreta de la red de resistencias que se empieza a tejer por los más recónditos rincones. ¿Qué necesitan de la gente que lee esto? “Que se mantengan pendientes de lo que está pasando, que sigan difundiendo en las redes. Vamos a necesitar del apoyo de todos ellos, eso nos queda muy claro. La resistencia a este atropello va a ser social.”

  

  

http://desinformemonos.org.mx/xochicuautla-permanece-amenazada-por-policia-queman-el-bosque-y-buscan-derrumbar-lugar-sagrado/

 

Policía viola amparo y entra a tierras otomíes en Xochicuautla allanando, golpeando y derrumbando una casa

En una flagrante violación del amparo definitivo obtenido por la comunidad otomí de San Francisco Xohicuautla, esta mañana, entre 600 y 800 elementos de la policía, así como integrantes de la empresa Grupo Higa y funcionarios del gobierno del estado de México, a cargo del funcionario Luis Enrique García entraron en territotorio comunal, allanaron la casa de uno de los representantes de la comunidad y la tiraron abajo.

La comunidad indígena se San Francisco Xochicuautla hace cerca de diez años que está organizada en la defensa de sus territorios y en la protección del Bosque del Agua. Es una de las tres comunidades amenazada por el megaproyecto que pretende construir la autopista que conecte las ciudades de Toluca, capital del estado de México, con Naucalpan.

A comienzos de Marzo, los comunitarios consiguieron una victoria crucial en tribunales: la suspensión definitiva del decreto expropiatorio de esas tierras en favor de la empresa Grupo HIGA, hasta tanto no se solucione el conflicto de fondo.
“Hay una violación artera de la decisión judicial de la suspensión definitiva, derivada del juicio de amparo 771/2015, otorgado por el juzgado de distrito 5° de procesos federales y amparo ubicado en la ciudad de Toluca”, explica, claro, Antonio Lara, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Lo estipulado por el amparo ganado fue violado esta mañana, cuando la comunidad de San Francisco Xochicuautla fue rodeada por la policía.
Además de esa violencia, cinco personas que son beneficiarias del mecanismo oficial de protección fueron golpeadas por agentes policiales del estado mexicano, según denunciaron desde el Zeferino Ladrillero, durante el episodio de mayor violencia, que se dio en el allanamiento, desalojo y posterior demolición de la casa de uno de los delegados de la comunidad, el Dr. Armando Delgado.

María Isabel es una de las integrantes de más edad del Consejo Supremo de Xochicuautla, que se encontraba en el lugar y denunció así, la violencia sufrida:
“Estaba resguardada dentro de la casa con otras personas y los policías rodeaban el castillo, que así se le conoce a la casa del delegado. Estaba con mi niña, mi bisnieta. Entraron los policías a sacarnos a los empujones. Que esa era mi casa, que no tenían por que sacarme, les dije. Entonces una policía me jaloneó y me caí con todo y niña. Le contesté y ella me pateó en el suelo, me dijo que me callara el ocico. Mi niña llorando pedía por su abuelita.”
La señora, angustiada pero molesta, reflexionó acerca de la violencia desplegada en la comunidad: “Tenemos amparos ganados, pero estamos en un país en que no se respetan las leyes mexicanas. Esta lucha ha sido pacífica, llevamos diez años peleándola. No tenemos armas, nada. Nos dedicamos a trabajar honradamente y así nos pisotean los tres niveles de gobierno. Pido ayuda a todos lo mexicanos, para que nos ayuden a construir un país en donde de verdad seamos libres.”

En una entrevista realizada a uno de los integrantes de la comunidad por Radio Zapote, se alertó que además de la policía hay en Xochicuautla una fuerte presencia de funcionarios de la empresa del Grupo Higa, que entraron al área con maquinaria. Y no sólo eso.
Armando García Salazar, cuya casa fue la atacada, es representante de la comunidad y médico.
Como detalle, -y contracara -, el Grupo HIGA es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales “empresarios” señalados por los Panamá Papers como evasor fiscal, que se han dedicado a sacar dinero de México a través de la ingeniería financiera elaborada para tal fin, la cual no será ilegal, pero que nadie duda de catalogar como ilegítima.

“Está quedando muy claro que este atropello es la primera muestra, la primera puesta en práctica de la recientemente aprobada Ley Eruviel: esa ley que permite a la policía hacer lo que están haciendo en Xochi, les permite violar los derechos humanos y las decisiones judiciales. Este es el primer ejemplo.”
Desde el Zeferino Ladrillero analizan que el ataque a la comunidad en resistencia responde a dos motivos:
Por un lado, que la empresa HIGA está desesperándose porque el tiempo pasa y no logran imponer la carretera.
Por otro, que hay urgencia por el gobierno en manos del gobernador Eruviel Ávila, de avanzar en ciertos proyectos que considera clave, “antes que la resistencia tire no sólo la ley represiva, sino los proyectos de despojo que tiene proyectados a los largo de todo el estado de México.”
Además de la denuncia pública de la violencia y el accionar policial que consideran ilegal, los comunitarios preparan una resistencia legal a la situación, que presentarán en los juzgados de Toluca que llevan los casos de la comunidad contra la empresa.

Buena parte de la gente que resiste los “proyectos de despojo” se encontraba aún en zonas cercanas de la comunidad atacada. Este fin de semana, decenas de representantes se reunieron en la ciudad de México para lanzar la Campaña Nacional en defensa de la Madre Tierra y el Territorio.
La comunidad otomí San Francisco Xochicuautla es una de las promotoras de esta red nacional que empieza a tejerse y ante la alerta de la violencia aplicada, muchos de los defensores de otras tierras han decidido quedarse a coordinar las acciones a desarrollar en apoyo a los otomíes.
En el momento en que este artículo es publicado, se encontraban reunidos pensando las acciones a seguir, una vez realizada la denuncia pública del ataque recibido.

  

 

Fotos: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero