A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay much os signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad:
han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.
Una ponencia de Iñaki Rivera Beiras
- Tortura: Opacidad e impunidad en las prisiones
