La impunidad que existe hacia las instituciones represivas del Estado queda nuevamente de manifiesto. La Corte Marcial le acaba de rebajar la condena a Miguel Millacura Cárcamo, funcionario de Carabineros que asesinó al estudiante Manuel Gutiérrez en agosto de 2011, en el contexto del paro nacional convocado por la CUT.
La justicia determinó que el crimen no fue tan grave, debido a que Millacura “disparó al aire”, por lo que el delito quedó en “cuasi delito de homicidio”, rebajándole la pena a unos míseros 461 días de presidio. La condena en primera instancia era de 13 años, luego pasó a tres años, y hoy miércoles, nuevamente desata la polémica tras el vergonzoso anuncio por parte de la Justicia chilena.
Esta situación pone de manifiesto que en Chile la represión, la violencia y los asesinatos hacia quienes luchan y se movilizan, quedan totalmente impunes. Aquí la “justicia” no existe para los pobres, para los estudiantes, para los luchadores sociales, para los mapuche, para los trabajadores. Sólo existe para los políticos corruptos, para los empresarios y para los asesinos.
Nuevamente la impunidad policial triunfa, una vez más el Gobierno se ubica desde la vereda cómplice, desde esa vereda donde los asesinos de ayer y hoy siguen en libertad u obtienen condenas irrisorias, absurdas y descriteriadas.
Con este nuevo antecedente de impunidad policial se aproxima la histórica marcha del 21 de mayo, movilización que ya promete masividad, rechazo y repudio por los recientes asesinatos de Diego y Exequiel, contra un régimen político totalmente deslegitimado y corrupto, y por la conquista de cada una de las demandas del movimiento estudiantil y la juventud.