Cuando la cuenta acabe…

Circulan los mails en nuestros correos… como circulan los muertos por el estado entre sus palabras. Es que, a menos de dos semanas de la presentación que haremos en Plaza de Mayo -el informe anual sobre el archivo de casos que revela y denuncia la represión sistemática sobre nuestro pueblo- las lista no termina de crecer. Y aunque son números, son historias. Personas con una identidad, detrás de otras millares que han sido asesinadas en este territorio. Pero después de todo son esa cantidad, que duele, pero que con contundencia enuncia el horror de una realidad insostenible entre los propósitos de la tan pregonada democracia.

Durante el mes de septiembre, en la cárcel de Coronda, provincia de Santa Fe, murieron Juan Gabriel Michetto (52) oriundo de Rafaela y Marcos Ponce (30) de origen santafesino. Ambos sufrieron quemaduras en un incendio, provocado, según la versión penitenciaria, tras una pelea entre presos.

En lo más profundo de la localidad bonaerense de Moreno, el Cuartel V, un prefecto se cobró la vida de dos adolescentes de 16 años, disparando sobre sus cabezas. El milico aparentemente fue a cobrar venganza por el robo que padeció su padre y les dio con total desprecio un par de balas certeras. Uno de los chicos falleció en el momento, el otro fue hospitalizado de urgencia y murió poco después. Para zafar al cuasi colega, la policía plantó el correspondiente “perro” y la justicia armó con broches y brillantinas una bonita causa por drogas donde los pibes aparecen como imputados.

Cambiando el escenario exterior por uno al interior de la comisaría, en Freyre, a unos 200 km. de la ciudad de Córdoba, Héctor Boos, un joven de 24 años, fue encontrado “ahorcado” por la guardia nocturna. Claramente, ni los familiares ni los compañeros que nos compartieron la información creen en tan absurda mentira. Héctor tenía antecedentes, dijo la prensa. Héctor robó y fue “alojado”, pero no hubo bienvenida ni merienda, lo liquidaron unas pocas horas después. Un fiscal lo investiga. Tal vez el cuento tenga un final harto conocido: que parezca un accidente.

El último muerto que nos deja esta semana el estado – y que es tan escaso de rigor en nuestro incompleto seguimiento- fue asesinado en la Comisaría nº 20 de Orán, Salta. Eusebio Cardozo era un hombre mayor, que fue detenido por tenencia de drogas. La guardia del turno nocturno del sábado lo golpeó salvajemente. Eusebio murió, y la inteligente coartada de sus victimarios fue que los golpes se produjeron no por molerlo a palos y puñetazos, sino por la epilepsia que padecía hacía un año. Al hombre lo levantaron esa noche en su domicilio, dicen que alcoholizado, dicen que padeciendo adicciones, y dicen que por eso le dio el ataque. La familia nunca les creyó, por eso se movilizó y logró que se impute a cuatro de los policías. Porque a pesar de que las actas médicas digan que Eusebio ingresó por cuadro epiléptico, que volvió a ser detenido después del alta y nuevamente entró en shock horas más tardes, el estallido de sus pulmones y la hemorragia interna evidencian lo que es: la policía no nos cuida, la policía nos mata, adentro o afuera, con las armas que les entrega el estado, amparados por los jueces que decoran sus derechos.

Triple crimen de Rosario: ¡perpetua a los sicarios de la policía!.

¿Inseguridad? Por supuesto, los habitantes de la República Argentina la sienten y sufren día a día. Nos referimos a la constante amenaza que las fuerzas represivas representan sobre el pueblo y descargan con total impunidad.

El miércoles se iniciaron los alegatos de apertura de la fiscalía de un caso ejemplar en el que hay pruebas, incluso según la fiscal Nora Marull, de la relación de los imputados con la policía. Estamos hablando del triple crimen de Rosario, acontecido el 1º de enero de 2012.
Marcelo “Moki” Suárez (22), Claudio “Mono” Suárez (19), Jeremías “Jere” Trasante (17) y Adrían “Patom” Rodríguez (18), cuatro pibes de un barrio rosarino, esperaban esa madrugada a otros amigos para festejar año nuevo. Pero los que llegaron, en una camioneta Kangoo, fueron Sergio “Quemado” Rodríguez, Brian “Pescadito” Sprío, Mauricio “Maurico” Palavecino y Daniel “Teletubi” Delgado, que los acribillaron, dejando como sobreviviente a Moki, quien pudo escapar corriendo. Según la primera historia oficial, los asesinos buscaban a otra persona, Ezequiel “El Negro” Villalba, para vengarse de quien supuestamente había baleado al hijo de Quemado Rodríguez, pero se equivocaron.

La novela del “ajuste de cuentas” entre narcos con error en la persona incluido se cayó gracias a la movilización de amigos, familiares y militantes del Movimiento 26 de Junio y del Frente Popular Darío Santillán, organizaciones que desde el inicio del juicio están acampando frente a los tribunales provinciales, que develaron los vínculos y complicidades de los asesinos con la policía.

La semana pasada, la fiscal acusó a Quemado, Pescadito y Teletubi de ser coautores del hecho, y a Maurico de ser partícipe necesario. Planteó que los acusados son integrantes de “Los Monos”, una banda narco de Rosario, de fuerte vínculo (como no puede ser de otra manera) con la policía, lo que está probado por escuchas telefónicas que, por ejemplo, dan cuenta de cómo Quemado escapó con su ayuda cuando fue detenido hace un tiempo en Entre Ríos.

No estamos hablando de un ajuste entre narcos. No estamos hablando de una venganza, ni de una venganza fallida.

Estamos hablando de la impunidad con la que amigos de la policía bajaron de una camioneta y acribillaron a unos pibes que estaban esperando a sus amigos para festejar fin de año. Exigimos la condena, que será igual incompleta sin los tres policías acusados del encubrimiento, que aún no fueron juzgados.

Podés seguir el proceso en www.triplecrimen.org.

Más amenazas a testigos de juicios a los genocidas.

El 22 de septiembre, comenzó el juicio oral por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en el Centro Clandestino de Detención de Monte Peloni, cerca de Olavarría.

La ciudad operó como cabecera del circuito de represión de la zona 124. Cuatro verdugos a sueldo del capital fueron sentados en el banquillo, acusados por alrededor de 45 testigos y acorralados por la lucha de los organismos de derechos humanos. Son el entonces teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura, jefe del Área Militar 124; el capitán Walter Jorge “El Vikingo” Grosse, oficial de Inteligencia de la Plana Mayor del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz”; el teniente primero Horacio Rubén Leites jefe del Escuadrón “A” y el sargento Omar “Pájaro” Ferreyra, integrante del Grupo Operaciones del Escuadrón Comando, ambos del mismo regimiento. Los cuatro genocidas están imputados de “homicidio agravado con ensañamiento, privación ilegal de la libertad y torturas” por más de veinte compañeros detenidos desaparecidos.

El 30 de octubre fue encontrado, en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, donde se lleva adelante el juicio oral, un sobre cerrado sin inscripciones que contenía en su interior una nota con graves amenazas. El texto estaba firmado por CAOS (Comando Argentino Olavarriense Solidario).

Estas prácticas las pueden continuar llevando a cabo porque el aparato represivo del estado actual es solidario, como lo anuncian en su nombre, con su antecesor de la dictadura, y porque la impunidad es propia del poder.

La desaparición de Jorge Julio López o el asesinato de Silvia Suppo no son excepciones ni casos aislados. Son acciones políticas para intimidar a los testigos de los juicios a los genocidas, y por extensión, a cualquiera que se organice para luchar por sus derechos. En estos años de lucha las amenazas no sólo continuaron, sino que se extendieron a distintos sectores que, comprometidos con esta lucha, resistimos en las calles.

Desde el estado, la única respuesta es el silencio que pretende naturalizar la desaparición, y el accionar del aparato represivo hacia los luchadores populares. Es larga la lista de testigos de distintas causas penales contra las fuerzas represivas actualmente en funciones que han sido perseguidos, amenazados e incluso asesinados. Siempre, atrás de cada muerte, de cada desaparición, de cada intimidación, están ellos, la policía, la gendarmería y las demás fuerzas represivas, con métodos iguales o distintos, pero un mismo rol: cuidar privilegios, proteger los intereses de los de arriba.

La única protección para los testigos, para los sobrevivientes y para el pueblo en su conjunto es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva.

Aleccionadora jornada coronada con la absolución de los compañeros de ATE.

El jueves 13 de noviembre, la fuerte movilización de los trabajadores estatales de la ciudad de Buenos Aires y las organizaciones que, como CORREPI, los acompañamos, se coronó con otro triunfo popular. Mariano “Maro” Skliar, Delegado General de la Junta Interna de ATE en Promoción Social y Humberto “Pitu” Rodríguez, Secretario Gral. Adjunto de ATE Capital, fueron absueltos en el juicio iniciado como represalia de una movilización en el marco de un plan de lucha a fines de 2012.

En una sala de audiencias rebosante de militancia, los compañeros hicieron el mejor uso de su derecho a decir algo antes de que el juez diera a conocer la sentencia. Pitu Rodríguez reseñó el conflicto y remarcó el carácter político del proceso, formalmente presentado como una interrupción del servicio de trans`porte del Metrobús de la Av. 9 de Julio. Reivindicó la lucha, que logró resolver parcialmente algunos de los reclamos.

El compañero Maro, a su turno, desnudó con enorme lucidez la función disciplinadora del sistema penal y su condición de garante de la legitimidad del sistema. Mostró, ejemplo tras ejemplo, cómo jueces y fiscales actúan de distinta manera, según la orientación que les provee la defensa de sus intereses de clase.

A partir de las palabras de la propia fiscal de la causa, que en su alegato sostuvo que su función era “recortar”, del conjunto de los hechos sucedidos, por legítimos que fueran, aquel tramo en que “se cometió una acción típica, antijurídica y culpable”, el compañero demostró cómo ese “recorte” expresa aquellos intereses de la manera más cruda, y se contrapone con la forma en que el mismo ministerio público, en tanto órgano estatal, selecciona unos imputados sobre otros, para sistemáticamente garantizar la impunidad de represores y sus mandantes.

Con ejemplos concretos, desde Luciano Arruga al Triple Crimen de Rosario; o el Tano Nardulli y Diosnel Pérez, en contraposición a los policías que fusilaron en el Parque Indoamericano, el compañero desgranó un análisis del carácter de clase de la justicia y del rol del estado como órgano de opresión de la clase dominante que arrancó aplausos del público, y motivó al juez, antes de absolverlos, de tratar infructuosamente de contestarle, con generalidades propias de un profesor mediocre de instrucción cívica.

No menos significativos fueron los argumentos del magistrado para la solución liberatoria. Su exposición, después de fundar que sin dudas para él se trató de un hecho punible como contravención, fue una retahíla de disculpas y excusas hacia arriba, y de reproches para la policía y el fiscal de instrucción, a los que responsabilizó por no haberle provisto más elementos para poder afirmar la responsabilidad de los compañeros, a los que, en ese caso, hubiera querido condenar.

Así, quedó claro, una vez más, que a los compañeros los defendemos adentro, pero sobre todo afuera de los tribunales, y que cada absolución es un triunfo que arrancamos a contrapelo de la voluntad de jueces y fiscales, que no garantizan otra cosa más que los privilegios de los que mandan.

Delicias de la vida conyugal: Berni y el fiscal a los gritos.

La discusión tiene un origen concreto, un informe realizado por el fiscal Delgado sobre el accionar de la Policía Federal. En dicho informe, preparado para su jefa, la procuradora Gils Carbó, el fiscal repasa algunos puntos que, más allá de no sorprender a nadie que tenga una mínima conciencia o conocimiento del accionar policial, tuvieron la capacidad de enfurecer al irascible Sergio Berni, esa mezcla entre Rambo de las Pampas y capo de las Juventudes Hitleristas que nos saluda todos los días desde la Panamericana mientras se relame por apalear trabajadores.

Seamos lo más concretos posible, ¿qué dice el informe? Pues nada que “revolucione” las investigaciones sobre el actuar de la policía: prácticamente no se investiga la trata ni el narcotráfico. En el primer caso, se observan como prácticamente inexistentes los resultados en materia de trata de personas, aún después de la sanción de la Ley 26.364, en el segundo, se evidencia que las detenciones originadas en base a la infame Ley 23.737, al menos en su 70%, apuntan a detener usuarios para consumo, es decir, “perejiles” que duermen a la sombra por fumar un porro o por padecer una adicción galopante a drogas duras.

¿Extrañan estos números? ¿Resultaba necesario el informe “iluminador” del fiscal? Ciertamente no: cualquiera sabe que la policía es una pata imprescindible del delito organizado y que, tanto en la trata como en el tráfico de drogas, su participación es clara. También sabe cualquiera del “teatro antidisturbios” que despliega la Federal (y el resto de las fuerzas) respecto a esos mismos delitos, armando causas, cazando a pobres pibitos para verduguearlos o robarles la cocaína.

Siendo así ¿por qué se enoja Berni?; bueno, resulta muy claro: porque los investigan, porque se pone en evidencia la parodia policial, la ineficacia, el elemento delictivo que la anima.

Ahora bien, ¿esto implica que el fiscal Delgado y su jefa vienen a impugnar la esencia misma de la policía o a proponer cualquier otra cosa? Por supuesto que no: el fiscal quiere que la policía sea más “proactiva”, es decir, quiere una policía “mejor”, o “más eficiente”, que continúe cumpliendo su función “natural”, es decir, reprimir a los pobres y luchadores para seguir perpetuando los privilegios e inequidades propios de cualquier sociedad dividida en clases.

Ninguna conclusión de un fiscal (que cobra de la misma mano y en la misma ventanilla que el comisario o el cabo) irá jamás contra el status quo de las premisas capitalistas; a lo sumo, como en este caso, encenderá algunos fuegos artificiales reformistas y “progres” contra la “corrupción” policial y se lamentará, tristemente, de que no tengamos una policía más numerosa o efectiva.

Un par de gritos, algún reproche, una bravata… delicias de la (múltiple) vida conyugal estatal…