Comunidades mapuches en Los Toldos buscan recuperar miles de hectáreas de campo. Un grupo de originarios exige la implementación de un convenio firmado entre el Municipio, la Provincia y la Nación en 2012.
Tal vez para muchos resulte novedosa la existencia de comunidades indígenas en el partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires. Pero más sorprendente aún es que los mapuches descendientes de la tribu Ignacio Coliqueo son más de 4.500 habitantes sobre un total de 18.000 en todo el distrito. Este pueblo hace mucho tiempo viene luchando por recuperar 16.804 hectáreas de tierra en el corazón de la pampa sojera.
Sin embargo, en la actualidad su reclamo está dividido, ya que un grupo litiga por derecho privado, es decir, de familia; y otro por derecho colectivo, comunitario. Con un Intendente que sostiene el modelo sojero como pilar de crecimiento, un aforismo viene como anillo al dedo: “Divide y reinarás”.
A través de un comunicado firmado por Cecilia Jufré, asesora jurídica de 133 familias mapuches de Los Toldos, se informó a los medios que el 10 de marzo ella y sus representados irían a encadenarse a la Municipalidad. En el escrito decía que “el fin de la medida era que se implemente un Convenio firmado en 2012 a fin de recuperar 3.500 hectáreas que fueron usurpadas por colonos de la zona, entre ellos, según denuncian, por el alcalde Javier Mignaquy.
Asimismo, el pedido tiene larga data y para ello es necesario revisar la historia y remontarnos hacia el siglo XIX, cuando el cacique Ignacio Coliqueo y su tribu, oriundos de Chille, luego de un largo peregrinar por las pampas argentinas, se instalan en la provincia de Buenos Aires. En 1862 la tribu se convierte en defensora de la frontera oeste, en 1863 participa de la instalación del cuartel Tres Lagunas, ese mismo año se radican en la Tapera de Díaz y se constituyen en una guardia permanente de defensa, organizada militarmente como destacamento fronterizo. De esta forma, el gobierno del general Bartolomé Mitre, como parte de una negociación por la defensa del territorio, otorgó a través de la ley 474 (1866), y posteriormente por ley 552 (1868) un total de 16.804 hectáreas de campo, de las cuales, según la abogada hoy los originarios ocupan 2.000.
Sin embargo, a través de los años en distintas etapas, desde 1883, las familias mapuches han sido despojadas de estas tierras, que poseen un valor incalculable en términos económicos, especialmente a partir de la expansión del agronegocio sojero. Los campos pasaron a manos de chacareros de diferentes maneras, algunos fueron vendidos, otros usurpados, en muchos casos malvendidos a través de engaños.
En 2010 la abogada Cecilia Jufré comenzó a patrocinar a damnificados. “En aquel entonces empecé con una familia de ciento y pico de miembros, después con dos, hasta hoy que son 133 familias que están reclamando” expresó la letrada y añadió: “No militamos en ningún partido. Acá estamos solos y tenemos a todos en contra, intendente, fiscales, esposos de juezas, todos tienen campo con soja sembrados” expresó.
En 2012 en la comunidad se firmó un Convenio Específico multipartito entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia y el Municipio de G. Viamonte, con la finalidad de llevar adelante el proyecto de “Servicio jurídico del pueblo mapuche de Los Toldos”. De esta manera, las partes acordaron elaborar un diagnóstico de la situación jurídica actual de las tierras que han perdido los mapuches -de forma legal e ilegal- y diseñar posibles estrategias de recuperación y reparación.
Sin embargo, hasta el momento nada de esto se realizó y es por eso que hoy deciden tomar medidas de fuerza como encadenarse en la Intendencia.
Verónica Azpiroz Cleñan es mapuche, preside la organización Epu Bafkeh, que junto a las comunidades Pu Kimeltuchefe, Antigua Azotea, y Hermanos Mapuche forman el Frente Territorial que también busca la recuperación de dicho territorio histórico. “Nosotros participamos de un convenio que se realizó en 2011, luego se convirtió en un mamarracho, que es este que se firmó en 2012 y por eso invalidamos el proceso” señaló Azpiroz al ser consultada.
“Para nosotros el espíritu de ese proyecto era hacer un estudio de evolución de título de propiedad para saber cuáles son las tierras que fueron bien vendidas, cuáles mal vendidas y cuáles no tienen título de propiedad comunitario” expresó. “Nosotros desactivamos ese proyecto hace más de tres años” afirmó la licenciada en Ciencias Políticas, quien se lanzó en diciembre como candidata a intendente, después de que el alcalde Mignaquy se pasó al Frente Renovador (con plantita de soja en mano). “Porque nosotros estamos intentando resolver el tema de la producción agroecológica y sostener la soberanía ambiental.