David Morales, Attorney for the Defense of Human Rights, sued the state [of El Salvador] seeking a total ban of industrial mining within the country, based on an environmental impact report from the county of San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Union.

“To the Executive and Minister of Environment, who are aware of this problem since 2013, I recommend pushing palliative, preventive, and effective measures for the population,” the prosecutor asked.

The official said the research showed “an overwhelming presence of heavy metals in the river and the environment in general” and therefore recommended the State to undertake comprehensive efforts to facilitate access to drinking water for this population.

“We want transparency from the Municipality of Santa Rosa de Lima about where the mining royalties are going; and [we want] Commerce Group to pay part of the cost of remediation and prevention required in San Sebastián. And [we want] the legislative body to follow through with its duty to prohibit by legislative decree metal mining in El Salvador,” he said.

The document compiles the field work of a research team that through scientific inquiry was able to determine the serious impact of mining in this territory.

The report has been drafted based on the most sensitive aspects of the mining population: the economic, social, and natural resources of the area; impacts which can be considered irreversible, as far as their rescue is concerned.

“The case of the San Sebastián River shows the impact of mining on life and the environment; throughout most of the twentieth century (since 1904) the land has been exploited and the latest corporate group that was performing extractions was Commerce Group Corporation that did so from 1990 to 2000,” he said.

A “grim legacy” is how Attorney Morales described the impact of mining on the lives of people and the surrounding areas, that inherited an economy based on small-scale mining which attacks its health and generates more pollution.

“Commerce Group told the town’s people that it would give mining royalties to the Municipality of Santa Rosa de Lima, but… there has been no accountability nor transparency in the management of these funds towards the population,” he claimed. In the document, the advocate for Human Rights reiterated that it has been shown that mining has no viability, and due to the social and environmental impacts, it should be banned altogether.

“The practice of mining generates death, destroys nature; the population of San Sebastian right now is not able to enjoy their human right to water, they have no access to quality water and must pay very high rates to privatized companies, therefore causing them to restrict their intake, which opens the possibility of chronic kidney disease,” he said.

Meanwhile, consultant and researcher Vladimir Pacheco, said that the Sebastián mine is an emblematic case, it really represents what would happen if they agree to large mining companies in the Salvadoran territory.

“The pollution that occurred is of various types, the principal being acid drainage common in metal mining; the fact that there are still people mining in a traditional manner is the economic answer that the mine left behind… my concern is that, within a few generations… Two, I think … this problem will be grave,” he said.

from Conflictos Mineros

translated by Earth First! Journal

 

Procurador para la Defensa de los DDHH demanda una ley que prohíba la minería

David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), demandó del Estado la prohibición total de la industria minera en el país, basado en el informe especial sobre el impacto ambiental de la explotación minera en el cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión.

“Al Ejecutivo y Ministerio de Medio Ambiente, que conocen de este problema desde el 2013, les recomiendo empujar medidas paliativas, preventivas y eficaces a favor de la población”, pidió el procurador.

El funcionario señaló que la investigación demostró “una abrumadora presencia de metales pesados en el río y el medio ambiente en general” por lo que recomendó al Estado a realizar esfuerzos integrales encaminados en facilitar el acceso al agua potable a esta población.

 

“Queremos que la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima transparentice el destino de las regalías de esa empresa minera; y a Commerce Group que pague parte del costo de la remediación y prevención que requiere la zona de San Sebastián. Y al órgano Legislativo, que cumpla su deber de prohibir por decreto legislativo la minería metálica en El Salvador”, manifestó.
El documento compila el trabajo de campo de un equipo investigador que a través de indagaciones científicas se logró determinar el grave impacto de la minería en este territorio.

El informe ha sido redactado con base a los aspectos más sensibles de la población con la minería en lo económico, social y  recursos naturales de la zona, que actualmente, se puede considerar irreversibles para su rescate.

“El caso del río San Sebastián nos demuestra el impacto que tiene para la vida y el medio ambiente de la explotación minera; aquí se ha explotado casi todo el Siglo XX (1904) y el  último grupo corporativo que estuvo realizando extracciones fue Commerce Group Corporation que lo hizo entre los años 90 al  2000”, acotó.

Como “legado nefasto” calificó el Procurador Morales la incidencia de la minería en la vida de las y los pobladores, así como lugares aledaños; que heredó una economía basada en la extracción minera artesanal que golpea la salud y genera más contaminación.

“La empresa Commerce Group –les dijo a los pobladores- que les entregaría regalías económicas a la alcaldía municipal de Santa Rosa de Lima, pero en ese proceso no ha existido rendición de cuentas o transparencia en el manejo de esos fondos para favorecer a la población”, afirmó. Sobre el documento el Titular de los Derechos Humanos reiteró que se ha demostrado que la minería no tiene ninguna viabilidad y por el impacto que tiene  en las condiciones socio ambientales debe ser prohibida definitivamente.

“La práctica de la minería genera muertes, destruye la naturaleza y la población de San Sebastián en este momento, no tiene el goce de su derecho humano al agua, acceso a agua de calidad y debe pagar cifras muy altas a empresas privatizadas para comprarla, por tanto restringen también su ingesta, lo que abre la posibilidad del mal renal crónico”, explicó.

Mientras, el Consultor e Investigador, Vladimir Pachecho, consideró que la mina de San Sebastián es un caso emblemático, que representa realmente lo que ocurriría si aceptan a las grandes empresas mineras en el territorio salvadoreño.

“La contaminación que se dio es de varios tipos, la principal es el drenaje ácido de minas que es común en la minería metálica; y el hecho que haya todavía personas minando de forma artesanal, es la respuesta económica que la mina dejó… mi preocupación es que, dentro de pocas generaciones… dos creo… este problema sea más grave”, aseguró.

Fuente: CoLatino