En primer lugar quisiera saludar a toda la concurrencia a la presentación de este libro. Quisiera, además, agradecer la oportunidad que me brinda Julio Cortés, quien fuera mi abogado en el laberintico y rocambolesco proceso judicial que nos tocó enfrentar desde Noviembre 2011 hasta Octubre del 2013 con la última resolución de la Corte de Apelaciones que niega la posibilidad de libertad vigilada y ratifica que deberé cumplir los 5 años y 300 días con prisión efectiva. Entre medio hubo de todo: Filtraciones de la carpeta de investigación a El Mercurio cuando ésta era
aún secreta y mi defensa no podía tener acceso a ella, tres arrestos domiciliario es revocados en todas las ocasiones por la Corte de Apelaciones, una acusación invocando la Ley Antiterrorista, una suspensión del juicio al llevar el Ministerio del Interior al Tribunal Constitucional el caso, una fuga de 5 meses con mi esposa y mi pequeño hijo en que la Fiscalía Sur y las policías señalaron que me encontraba en Grecia, España o Italia y me ayudaban ex-acusados del Caso Bombas desde Europa, increpaciones del mismísimo presidente de la república y el ministro del Interior Andrés Chadwick, sucesivos asaltos de la policía a la casa de mi madre dirigido personalmente -alguno- por Raúl Guzmán, fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, una fiscalía con un prontuario que da escalofríos al más curtido de los abogados penalistas. Finalmente, la aventura (si es que se la puede llamar así) terminó con la detención por parte de un equipo especial de la PDI y una mediática presentación al Tribunal.
Pero más importante que todo aquello y de los avatares jurídicos-políticos que se han sucedido, el comentario de este libro es una petición que realiza mi amigo Julio Cortés, relación que espero no se rompa después de nuestro estrepitoso final.
Quisiera por último discúlpame con la concurrencia por no citar textos y por mi desactualización de la discusión académica. Huelga decir que me encuentro en prisión y no precisamente una prisión llena de lujos como la tienen los genocidas y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Tampoco vivo en algo así como una idílica prisión política, sino una donde el 99,9% de los internos son pobres y tienen varios de los ingredientes de sordidez y violencia característicos de una prisión común. A buen entendedor pocas palabras.
Pero vayamos al punto que nos convoca que es el comentario del libro “Estruendo. La asociación ilícita terrorista en la legislación chilena a la luz del Caso Bombas” de Julio Cortés. Mi comentario se permitirá soltarse los ribetes más jurídicos y me centraré en las consecuencias políticas de las acciones jurídicas y los fallos de Tribunales. La distancia existente, además, con el Caso Bombas y la existencia de otros casos, disculpando la autorreferencia, el mío entre otros, nos permite observar el movimiento general del Estado y su reposicionamiento con respecto a los nuevos desafíos que ha planteado a lo que denominaré “el dominio”, las nuevas características del conflicto social y las manifestaciones de violencia política entre los que se encuentran, entre muchas otras, los atentados con artefactos explosivos contra símbolos del sistema, como bien lo manifestaba el año 2007 el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), El ex abogado de la Vicaria de la Solidaridad, Gustavo Villalobos, que el libro recuerda en la pagina 12 y cuyo diagnóstico era mucho más acertado que posteriormente cuando la comunidad de inteligencia y más específicamente el Ministro del Interior se deja capturar por la delirante idea de una Asociación Ilícita Terrorista dirigida por ex subversivos del Mapu Lautaro y financiada desde el exterior por anarquistas insurreccionalistas europeos. Si se me permite un pequeño paréntesis, la actuación inexperta, hiperventilada, con una obsesión por los resultados inmediatos, sin perspectiva estratégica del ministro Hinzpeter en interior, no deja de sorprender, lo que lleva a pensar que la preparación militar de Rodrigo Hinzpeter en Israel, se limitó a cumplir con su servicio militar y nada tiene que ver con los maestros de la inteligencia y la conspiración que son el Mossad.
Volviendo al diagnóstico de la ANI, que se cita en el libro, recordemos que planteaba que “En general, los atentados han tenido una magnitud moderada y responderían a fines panfletarios y de hostigamiento al sistema…” y mas adelante, “tales grupos son de difícil detección, dado su reducido tamaño, horizontalidad orgánica y conducta conspirativa”.
Dicho esto , y a riesgo de salirme estrictamente de la materia del libro, o el Caso Bombas, y los casos hermanos que le precedieron y sucedieron nos permiten marcar una huella y una dirección que ha tomado el Estado su practica represiva y de control social. De hecho es un error, a mi entender, hablar del Caso Bombas y los otros casos, cuando tal vez deberíamos referirnos a Los Casos Bombas o a los casos donde están involucrados atentados explosivos. En todo caso, las consecuencias y repercusiones del reajuste y realineamiento del Estado se podrían resumir, en mi opinión, en las siguientes dimensiones:
1.-Tanto el caso Bombas como los casos similares corresponden a un intento de reajuste del dominio para enfrentar una dimensión de la violencia política, la cual es la seguidilla de atentados incendiarios y explosivos que se han sucedido desde el 2000 en adelante con sus características de baja intensidad, incruentos, contra objetivos simbólicos y destinados principalmente a fines propagandísticos, como señala la propia ANI.
En una primera etapa, el Estado se ha jugado por invocar la Ley Antiterrorista, etapa en la que podríamos agrupar los casos de Manuel Olate y la conexión FARC-Mapuche, el caso del Pakistaní y el Caso Bombas. Posteriormente, a pesar que la Fiscalía y el Ministerio del Interior haya invocado la ley Antiterrorista y que durante toda la investigación se les trato de terrorista a los imputados, con la lesión al derecho a defensa que ella implica, los fallos de los tribunales, en casos relacionados con ataques explosivos con motivación política, han optado por aplicar la ley de Control de Armas más el delito de daños en algunos casos. Entre estos podríamos agrupar todos los últimos casos luego del Caso Bombas: Luciano Pitronello, Carla Verdugo e Ivan Silva, el mío (Niemeyer) y aunque es distinto por ceder a las intenciones del Ministerio Publico, está la salida en procedimiento abreviado por el caso de tenencia de artefactos explosivos caseros en Temuco. Todavía queda por ver en qué quedará el Caso de Victor Hugo Montoya por un supuesto transporte en camioneta de los autores del bombazo contra el retén Las Vizcachas de Carabineros, en Enero del 2013, donde la jueza de garantía , en una verdadera aberración jurídica, adelanto su opinión respecto a la calificación jurídica respecto a que se trata de un delito terrorista.
Lo importante de todo esto es que la señal política del dominio señala que no es necesaria la legislación especial anti terrorista para hacer frente a este tipo de violencia política, independiente que se haga un uso utilitario durante el proceso para debilitar las posibilidades de defensa, asegurar largas prisiones preventivas, utilización de testigos protegidos (Caso de Victor Montoya), investigación bajo secreto, etc. También el hecho que se les de un trato publico y mediático de terroristas. A partir de mi caso y el fallo condenatorio en prisión efectiva negándome la posibilidad de beneficios, pese a ser primerizo y basad en un mañoso e infundado informe presentencial de gendarmería que opera de manera funcional a la estrategia de la Fiscalía y el ministerio del Interior, podríamos agregar que le mensaje es que “esto no saldrá gratis y se pagará con prisión”, a pesar del año y medio que llevo preso. La corte de Apelaciones en su último fallo negándome la posibilidad de libertad vigilada que se ha otorgado a todos los casos anteriores agrega un sorprendente argumento que más parece una confesión, al señalar que la razón de fondo es ”que mis ideas están contra las ideas de la sociedad”,una verdadera joya de la preeminencia de la razón de Estado. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Sin embargo, yendo más allá de lo evidente, lo que se intenta desactivar es que esta violencia política, insurgencia de baja intensidad, confluya con escenarios de conflictividad social ascendente, es decir que no se produzca una especie de superposición de focos de conflicto con ingredientes de violencia política que pudiesen tener un peligroso efecto multiplicado r de estas acciones descentralizadas, simples y sin gran despliegue de medios materiales.
Recordemos lo que planteaba la editorial de EL Mercurio, previo al golpe del 14 de Agosto de 2010, que el libro cita en la pagina 14: “El fenómeno terrorista debe ser combatido con la máxima energía en su germen mismo. No hacerlo es invitar a que él acreciente su intensidad y entonces ya sera demasiado tarde”. Visto a la distancia, concordemos que se cumplieron totalmente los deseos del decano.
2.-Confluencia de los principales agentes del dominio.
Una cosa es la cobertura tendenciosa de las noticias y otra cosa es que exista una imbricación y convivencia de actores hegemónicos en torno a una estrategia represiva. Y es que en el caso bombas y los otros similares han opinado senadores, diputados y otros influyentes actores.
Recordemos que por la acción y criticas del Ministro del Interior Hinzpeter se logró cambiar al fiscal que llevaba el caso (Armendáriz) y traspasárselo a la fiscalía Metropolitana Sur. Todo ello a raíz de as fuertes criticas de Hinzpeter producto de un atentado explosivo contra una sucursal bancaria a cuadras de la casa del presidente de la república en el barrio San Damián. Pero para ser justos, la intervención abierta y la presión política había comenzado en el gobierno de Bachelet, cuando el secretario del interior Patricio Rosende señalaba que las policías trabajaban y sabían quienes eran los autores pero había fiscales que no actuaban. Como las vueltas de la vida son crueles, años después a los fiscales no les falto acción para patearlo en el piso…cría cuervos.
Pero yendo al tema de fondo, en todos los Casos Bombas se ha producido una muy peligrosa confluencia del duopolio de la prensa escrita, principalmente a través de sus editoriales señalando los objetivos que posteriormente serán golpeados,haciendo realidad la consigan de “la prensa apunta, la policía dispara”. En esta confluencia obviamente ha participado el Ministerio publico, pero el papel jugado por el Ministro del interior en el gobierno de Piñera ha puesto su sello característico, dando piso político institucional y jurídico mediante la activa participación de sus abogados, en la correcta alineación represiva. Entre medio ha habido un cambio institucional de la mayor importancia, y es el traspaso de carabineros al mando del ministerio del Interior, potenciando las posibilidades de intervención político-policial de este ministerio en una magnitud que aun se esta desplegando.
Y más aun teniendo en cuenta que dentro de Carabineros se ha hipertrofiado el aparato e inteligencia política, la DIPOLCAR, ampliando los espacios donde reporta y vuelca su acopio de inteligencia, es decir en la mesa de la ANI y en el ministerio del interior. no es un dato menor que la gran mayoría de las diligencias en los casos de atentados explosivos han sido entregadas por la fiscalía sur a la inteligencia de carabineros y no a la PDI, lo que ha contribuido a sobrerepresentar a la inteligencia de carabinero en el Estado.
Un ejemplo sacado de mi caso, donde le mismo fiscal Guzmán le reconoce a un abogado , que tiene al ministerio del interior encima. Y al respecto, cuando existe una reunión de coordinaron de querellantes en que van a escuchar el reporte de inteligencia de la DIPOLCAR.
¿No llega el ministerio del interior en una situación de ventaja?¿Que cosas sabe el ministerio del interior que no saben los otros querellantes?¿Planifican la DIPOLCAR Y el Ministerio del interior los golpes represivos al nuevo enemigo interno? Recordemos que bajo el mando el General Villalobos Krumm, la DIPOLCAR fue investigada por escuchas telefónicas a parlamentarios y se hablo de escuchas al mismismo presidente Ricardo Lagos.
En una época de ampliación del derecho penal, la concentración de la prensa escrita en un solo actor político social, la dupla DIPOLCAR- Ministerio del Interior está en plena etapa de desarrollo.
3.- La configuración del nuevo enemigo interno y la faceta política de la actual fase represiva.
Desde la mitad de los años noventa a lo menos que se viene señalando a una conjugación del nuevo enemigo interno: anarquistas, okupas, encapuchados y mapuche son tal los mas criminalizados y visibles de estos nuevos enemigos con múltiples rostros.
Es en este contexto en el que se inserta el discurso contra el fantasmal“enemigo terrorista” como bien lo explica Julio Cortés en las paginas 57 a la 59 y luego en la 98 en que se describe la forma en que se pone en juego la legislación antiterrorista, hija de la doctrina seguridad nacional contra los nuevos enemigos del Estado.
Mi tesis en este punto difiero un poco de la de Julio. Yo creo que la decisión del poder es ocupar la legislación común contra su nuevo enemigo interno, la nueva subversión (como algunos la han denominado), pero el telón de fondo es la represión ideológica.
Daré dos ejemplos, disculpando una vez mas la autoreferencia , sacados de mi caso.
El extracto está en la pagina 55 de la sentencia del Séptimo Tribunal Oral en lo penal en que se me condena, y la redactora es la Juez Olga Ortega Melo:
“Aun cuando puede estimarse que la reunión de todo este material, alguno de ellos de carácter abiertamente insurreccional, haría demostrado que el acusado adhería a alguna ideología de carácter anarquista, el tribunal tuvo presente que, como se adelantó, que los diversos documentos encontrados en el computador que ocupaba en su lugar de trabajo el acusado, no le pueden ser atribuidos de manera inequívoca y en consecuencia tampoco la creación de los documentos individualizados por los peritos”.
Uno se pregunta ¿Y si se hubiera comprobado que la literatura abiertamente insurreccional que permitiría vincularme a alguna ideología de carácter anarquista era de mi autoría? ¿Es un delito la ideología anarquista y la literatura insurrecional? ¿Estamos ante una reedición del delito ideológico en Chile? Para el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal, al parecer sí.
En la misma perspectiva entonces, no debiera sorprender el fallo de la 5a sala de la Corte de Apelaciones integrada por Jorge Dahm, Maria Rosa Kittsteiner y el abogado Angel Cruschaga Gandarillas.
“…Su actitud de no comparecer ante la autoridad luego de que le fuera revocada la libertad provisional, conducta que no solo llegó a este punto, sino que además emitió mensajes a la sociedad desafiando abiertamente el sistema judicial desde que da entrevistas a medios e comunicación, explicando el motivo de su rebeldía y persistencia en su conducta antijuridica”
Como vemos no hay nada que ame tanto un juez como una actitud de derrota y la cara escondida ante las cámaras.
Y esta otra joya de la ortopedia social y la criminalización ideológica:
“Es necesario contar con una mínima colaboración y voluntad del sentenciado en orden a que comprenda la necesidad de acatar normas básicas de convivencia en el grupo social, y si sus ideas chocan con las de la sociedad en general , manifieste su disconformidad mediante actos que no vulneren a lo menos físicamente a los demás”.
El sentido político de las resoluciones judiciales ilustra mejor que cualquier teorización acerca del nuevo enemigo interno. Y más que la denuncia, lo más relevante me parece, es que las contradicciones que la sociedad chilena ha acumulado por más de 20 años están recién comenzando a desencadenarse.Nos encontramos en un ciclo de conflicto social y de readecuación en que la clase dominante (mis disculpas al 7° TOP si sueno marxista), la elite dirigen y los aparatos ideológicos del Estado entre los que se cuenta al Poder Judicial, estarán ahí para defender el statu quo, y ya sabemos a quienes se identificó como los nuevos enemigos del orden social y del Estado. Que dios nos pille confesados.
Un abrazo a todos y todas.
Hans Felipe Niemeyer Salinas. 3° piso Modulo H Norte, Cárcel de Alta Seguridad, Santiago, Chile.
7 Noviembre 2013.
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