Represión, desatención y dispersión de género. El sistema carcelario español, como un juego de matrioskas, mantiene en la mujer su nivel más alto de violencia estructural. Sólo existen tres cárceles específicas para mujeres en todo el Estado lo que supone que el 82,2% de ellas estén reclusas en módulos de Centros Penitenciarios mixtos en los que se convierten en una minoría desatendida. Los escasos módulos de mujeres también hace más propicia la dispersión. El 54,09% de las internas se encuentran en centros penitenciarios fuera de su comunidad autónoma. La situación se agrava cuando las mujeres privadas de libertad son madres y quieren ejercer como tales, el cierre sistemático de los centros que permiten que tengan a sus hijos con ellas obligó a la dispersión a un centenar de mujeres en 2011 y actualmente sólo existen tres Unidades de Madres en todo el Estado. La violencia estructural del régimen penitenciario se liga a otra, dictada como tortura blanda por organismos como la Convención contra la Tortura de la ONU, que sufren las presas F.I.E.S. Es el caso de Noelia Cotelo, F.I.E.S 1, en régimen de Control Directo y el de Maria Osório, presa bajo el régimen F.I.E.S. 3, dedicado a acusadas de banda armada, sin previo juicio. Los centros penitenciarios dirigidos por el Estado español concentran a más de 5.300 mujeres, cifra que siquiera llega a representar más del 8% del total de la población reclusa.
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